Wilfredo Mora
La búsqueda de personas desaparecidas es una actividad humana sugerida por el deseo. Si se pudiera decir, una “deseografía”, ya que los deseos o búsquedas de campo constituye la primera simiente de la sociedad para enfrentar este extraño fenómeno social.
Así surgen los grupos, círculos profesionales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos familiares, que son la conciencia de los tiempos que vive el país, el mundo; sirve para “visibilizar y fortalecer” los procesos psicoemocionales de los que buscan a sus familiares y sirve para frenar las violaciones de derechos humanos.
Gracias a los talleres y conferencias que se han impartido en instituciones educativas, se ha podido compartir mensajes, se ha generado espacios en donde pronunciar y emitir testimonios en torno a las desapariciones. Buscar a los desaparecidos es un problema social que, por regla general, debe tener una importancia política.
Una candidata colombiana, Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, a las elecciones presidenciales en su país, anunció el retiro de su candidatura presidencial, primero porque no llegaba ni al 1 % en las encuestas de intención de votos para el 29 de mayo; y segundo, porque cree que «tenemos que liberarnos de un secuestro mucho más largo y mucho más horrendo que el que yo tuve que vivir, liberarnos de los corruptos que nos roban a diario todas nuestras esperanzas y que tienen a Colombia empobrecida».
De haber sido puntera en esas encuestas, su opción presidencial consistía en “congregar” una filosofía respecto al manejo ético de lo público (corrupción), y en una lucha sin cuartel a la seguridad y paz de los ciudadanos (desaparecidos). Es decir, una sociedad donde no hubiera desaparecidos ni secuestrados.
Al norte, en México, desde 2007, se publicaba la Ley General en materia de Desaparición Forzada, cometida por particulares y un sistema nacional de búsqueda de personas.
En tanto ley de orden público, de interés social y observancia general en todo el territorio nacional, el objeto es establecer las competencias y coordinación para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición cometida por particulares.
El sistema nacional de búsqueda de personas ya no es un deseo, sino un derecho de los familiares de las personas desaparecidas, que atraviesan esa suerte. En realidad, es más que eso. Por eso, podemos emular a los mexicanos; ellos nos dirían: van a necesitar de un Registro al nivel nacional de personas desaparecidas, a fin de monitorear y evaluar las acciones de búsqueda e identificación de esas personas afectadas por la desaparición.
La ley mexicana citada contempla un Banco nacional de datos forenses, una Comisión Permanente de atención a las víctimas de la desaparición, un Consejo Nacional Ciudadano para trazar las directrices del sistema de búsqueda y de control, para que no se repita la problemática, y que no haga falta el medio económico para cumplir ese objetivo.
La búsqueda de las personas desaparecidas es también por la memoria, la verdad y la justicia.
