Santo Domingo.-Las muerte de los dos locutores de San Pedro de Macorís y el suicidio del victimario están vinculadas directamente con las operaciones fraudulentas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), de acuerdo al informe presentado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar el caso.
En el informe presentado al presidente Danilo Medina y dado a conocer ayer, la comisión recomendó que una nueva dirección ejecutiva del CEA realice los cambios que esa institución requiere para superar las debilidades institucionales y gerenciales que le afectan.
Las investigaciones determinaron que José Rodríguez, asesino de los locutores, fue víctima de los procesos dilatorios, ineficientes e irregulares protagonizados por el CEA, lo que le llevó a invertir todo su capital para obtener terrenos.
Debilidades del CEA
El informe resalta que el Consejo Estatal del Azúcar adolece de numerosas debilidades institucionales y gerenciales, lo que impacta de forma negativa en la gestión de las operaciones inmobiliarias de los terrenos de los ingenios azucareros y el funcionamiento de la institución en sentido general.
Por tal razón recomendó que la nueva dirección sustituya la gerencia de la región Este y tome control de la misma hasta instalar un nuevo personal que asuma la tarea de abordar los múltiples y graves problemas que afectan a esa demarcación.
Recomendaciones
Otras recomendaciones son que la comisión evaluadora de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar también intervenga la gerencia de créditos y cobros para mejorar y aumentar las cobranzas pendientes, las cuales deben hacerse de manera oportuna, efectiva, universal y transparente.
Además, que la nueva dirección evalúe exhaustivamente el desempeño del personal de las áreas críticas de la entidad para determinar los niveles de deficiencia con que operan y aplicar las medidas administrativas correspondientes.
Depurar la nómina del CEA
Sugiere que se lleve a cabo una depuración rigurosa de la nómina de la entidad por parte de la Contraloría General de la República, a fin de que la misma pueda ser saneada y llevada a niveles razonables.
“Una vez saneada la nómina, asignar una partida presupuestaria para el pago de los empleados y los gastos operativos institucionales, para que dichas erogaciones no dependan de la venta de terrenos y/o el cobro de dinero por concepto de ventas realizadas”, señala el informe.
La nueva dirección del Consejo Estatal del Azúcar, junto con la Comisión Evaluadora de los terrenos, deberá considerar pertinente rescindir los contratos de ventas de terrenos que aún no hayan sido formalizados con los interesados.
De igual forma deberá rendir un informe al Presidente en un plazo no mayor de seis meses, con sus conclusiones y recomendaciones sobre cuál debe ser la nueva misión institucional del CEA, para la cual se deberá elaborar el proyecto de ley.
Al Ministerio Público
El informe debe ser remitido al Ministerio Público para que determine si en las operaciones de ventas de terrenos o en los casos que desencadenaron las mismas quedó comprometida la responsabilidad penal de cualquier actor público o privado que, directamente o no, haya intervenido.
El informe fue presentado ayer porel consultor Jurídico Flavio Darío Espinal.
