Bogotá.- Colombia ya identificó al servidor público que recibió entre 2009 y 2010 un soborno por 6,5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, quien era “un alto funcionario” del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, informaron hoy fuentes oficiales.
“El Gobierno ha conocido que la persona que recibió 6,5 millones de dólares en desarrollo de conducta criminal que merece todo el repudio (…) es un alto funcionario de la administración del Gobierno Uribe”, dijo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Alberto Enciso, en una declaración.
Según los documentos publicados este lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos Colombia.
En el caso del país andino, el ilícito alcanzó la suma de 11 millones de dólares y se dio entre 2009 y 2014, periodo que abarca parte del Gobierno de Uribe (2002-2010) y del de su sucesor, el actual presidente Juan Manuel Santos.
La Presidencia colombiana aclaró que, según la información publicada por el Departamento de Justicia, “se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia».
Como parte de la polémica, Uribe pidió ayer a Santos en su cuenta de Twitter que “diga la verdad sobre sobornos de Odebrecht” y si se reunió o no con los directivos de esa compañía en abril de 2015 en Panamá durante la Cumbre de las Américas.
En este sentido, Enciso explicó que esa reunión tuvo lugar el 9 de abril de 2015, “en el marco de la Cumbre de las Américas, en una serie de encuentros del presidente con empresarios” que calificó como “absolutamente normal” y “necesario para el país».
Sin embargo, detalló que “en ese momento no existía ninguna sospecha de que Marcelo Odebrecht o de su compañía hubieran participado en actos de corrupción».
Por ello, rechazó en nombre del Gobierno “de manera categórica» los sobornos pagados y pidió a la Justicia que actúe “con la mayor dureza” contra cualquier servidor publico que esté involucrado en casos de corrupción.
