El gobierno de Colombia descartó ayer que la aplicación del modelo de justicia pactado con la guerrilla de las FARC para finalizar medio siglo de conflicto suponga una “cacería de brujas” y negó que implique “impunidad” a violadores de derechos humanos.
El acuerdo de justicia, sellado la semana pasada entre el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), prevé una jurisdicción especial para los actores del conflicto armado, sean guerrilleros, agentes del Estado o particulares que participaron directa o indirectamente en el conflicto.
“El sistema integral es para todos, todo el que tenga responsabilidad debe someterse”, dijo el jefe negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle, en rueda de prensa en la presidencial Casa de Nariño.
De la Calle y el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, número dos de la delegación oficial que desde 2012 sostiene conversaciones con las FARC en Cuba, subrayaron las decisiones deben estar guiadas por la equidad.
