Santo Domingo.-El Colegio de Abogados de República Dominicana, (CARD) consideró que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe reinstaurar la armonía y la paz del Tribunal Superior Electoral (TSE) para resolver los conflictos internos, que afecta esa institucionalidad electoral.
«Nosotros como institución entendemos necesario e imprescindible que el Consejo Nacional de la Magistratura tome medidas inmediatas para resolver las situaciones que ha generado el escándalo lamentable a lo interno del Tribunal Superior Electoral, que incluye denuncia de corrupción, que incluye conflictos entre los propios jueces», manifestó el presidente del gremio Miguel Surun tras expresar que con la solución de ese conflicto se garantiza la vigencia del Estado de Derecho para que no siga deteriorandose.
También solicitó a ese consejo que con el mismo tesón y rapidez intervenga en los graves conflictos que perturba la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por las medidas dictatoriales de su presidente Luis Henry Molina, quien mantiene en estado de cierre el sistema de justicia de la República dominicana, desacatando sentencias del Tribunal Superior Administrativo como del Tribunal Constitucional.
El abogado Surun pidió al CNM evaluar el desempeño de los componentes de la Suprema Corte de Justicia secuencias constitucionales contra aquellos miembros, que han abusado de sus funciones.
Recordó que, en los últimos días, a lo interno del Tribunal Superior Electoral, se han suscitado una serie de escándalos que perturban, no solo el normal funcionamiento de dicho Tribunal, si no su imagen y credibilidad, erosionado con ello, la administración de Justicia Electoral.
Igual o peor situación, de mayores proporciones ocurre a lo interno del Poder Judicial, donde su Presidente Luis Henry Molina, ha tomado una serie de medidas, que han implicado, no solo la usurpación de las funciones legislativas del Congreso, modificado leyes procesales de enjuiciamiento; sino que han mantenido en cierre virtual la Justicia, instaurando una privatización forzosa de la Justicia, que está siendo manejada por contratistas.
Según la denuncia de Surun Hernández, los citados contratistas son los “únicos que tienen acceso a los expedientes, obligando al ciudadano común a aceptar ilegales audiencias virtuales, todo debidamente comprobado por una Sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que ordenó la apertura de los Tribunales y declaró ilegales sistemas virtuales de justicia; sentencia que el Magistrado Luis Henry Molina, ha desacatado flagrantemente, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional rechazó no solo su demanda en suspensión, sino declaró nulas las resoluciones jurisdiccionales emitidas desde el Consejo del Poder Judicial; faltas que constituyen un atentado contra el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, por lo que se impone su formal destitución”.
Hasta tanto no se despolitice la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no hay forma posible que se condene a la cúpula corrupta del pasado gobierno, con quienes existe un compromiso de protección que les garantiza, que una vez apresados y sometidos, serán indefectiblemente descargados, ya sea mediante sentencias incidentales de exclusión probatoria, o mediante sentencias donde se les declare no culpables del robo que efectuaron durante el pasado reciente.
