Frederich E. Bergés
Coimas son las dádivas que se otorgan con el objetivo de obtener un favor de un funcionario o de una autoridad. Los sobornos implican dar o recibir algo de valor para influir en las acciones o decisiones de una persona, a menudo en violación de la ley o las normas éticas.
La extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.
Las tres prácticas antes mencionadas se han convertido en el cuco diario de amplios sectores empresariales que se ven obligados a desfilar por los pasillos de las oficinas públicas en la necesaria tarea de conseguir permisos o autorizaciones para llevar a cabo sus actividades.
Hay una gran amplitud de negocios que, de una manera u otra, requieren el beneplácito del sector gubernamental para poder llevar a cabo sus labores. Esta necesidad los convierte en presa fácil de parte de quienes, sin mayor esfuerzo que el empleo público, quieren enriquecerse y ahogarse en la sensación de poder.
Sin que ellas estén necesariamente afectadas por estos males, hay sectores como el de la importación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles que requieren un extenso listado de permisos, sometidos a un sinnúmero de regulaciones. Al estar los precios y beneficios de cada eslabón fijados por el Gobierno, no existe la real competencia más que por el favor de la aprobación necesaria para ejercer este comercio.
Otro ejemplo es la minería, donde la extracción, procesamiento y transporte de material o bienes elaborados están enmarcados en innumerables requisitos y permisos. Peor aún, bajo el escudo de la protección medioambiental, se crean expedientes de sanción para imponer millonarias multas, para luego enviar emisarios con el precio para levantar la sanción creada.
Las coimas, sobornos y extorsión son parte de la densa selva de perversidades que han proliferado en el sector público con el auge de la democracia.
El alto costo de las campañas políticas y el esfuerzo de exaltar figuras y oficinas exige cuotas millonarias. Hace tiempo se la ha debido poner el cascabel al gato y cortar de raíz estas perversidades que hoy amenazan la libertad empresarial.
