En el Congreso Nacional se está discutiendo una reforma al Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Aunque la propuesta de modificación fue presentada por el sector sindical y es bastante moderada, con el objetivo de rescatar las pensiones de las garras del sistema bancario y recuperarlas como derecho social, a todas luces los interesados en que el negocio y la piñata no se acaben están haciendo todo para desviar el debate. Además, tienen “expertos”, juristas y hasta políticos que ayudan a que eso ocurra.
Esta ha sido la historia desde el inicio. Apenas estrenado el primer gobierno de Leonel Fernández, una de sus primeras medidas fue constituir una comisión tripartita (Cotress) para redactar un anteproyecto de reforma a la seguridad social.
El proyecto contó con auspicios de la OIT y se sometió al Congreso Nacional. La finalidad era crear un sistema solidario de pensiones, bajo el modelo de reparto y superando las deformaciones heredadas del viejo régimen.
El Banco Mundial y el BID dispusieron préstamos millonarios para “apoyar” el proyecto. Con ese dinero se pagaron consultores, expertos y asesores, casi siempre allegados a la banca internacional, que vinieron a impulsar la reforma patrocinada por el Banco Mundial en América Latina, tomando a Chile como laboratorio y supuesto “caso de éxito”. Para ese entonces, ya los banqueros habían ido a aquel país, donde descubrieron la “gallina de los huevos de oro” en las AFP y la capitalización individual. El proyecto original sería desviado.
En 1998, ya los debates estaban en un punto álgido. En un foro organizado para tratar el tema, el entonces Secretario de Estado de Trabajo, Rafael Alburquerque, advirtió: “…se incurre en una falacia cuando se oponen las bondades de la capitalización individual a los efectos perversos del sistema tradicional de reparto, pues si este último tiene sus problemas no es menos cierto, como se ha mostrado, que el primero puede ser muy perjudicial para los trabajadores de bajos ingresos y para las mujeres…”.
Y más adelante dijo: ”el debate al cual asistimos es el antagonismo entre los que creen y los que no creen en la seguridad social; entre los que intentan preservar la seguridad social y los que tratan de sepultarla; (…) entre los que entienden que la economía debe estar al servicio del hombre y los que piensan lo contrario; entre los que defienden la seguridad social real y verdadera, y los que buscan un negocio asegurado”.
Ese negocio asegurado, de economía parasitaria y corrupción legalizada, logró imponerse en base a jugadas de poder. Y ha demostrado ser un fracaso social y económico, pero exitoso para los pocos grandes banqueros, tal como lo vaticinó Alburquerque hace veinte años, como se ha confirmado en Chile, El Salvador, Colombia, México, Argentina, Bolivia y se pronostica será en República Dominicana.
El problema está en que esos banqueros -de por sí muy poderosos- manejan ya en pensiones un fondo que bordea los 430 mil millones de pesos, un 12% del PIB, y al prestarlo al Estado se han convertido en dueños de una enorme deuda pública. Casi tienen al país cogido por el pichirrí.
No ofrecen absolutamente nada nuevo, ninguna solución a la catástrofe que se avecina. Pero tienen el poder económico y político, y los aliados, para torcer la política e imponer sus términos, si las mayorías no hacemos nada al respecto.
