El nuevo Código Penal (Ley 74-25), que entró en vigencia el 3 de agosto de 2026, establece un amplio catálogo de tipos penales, entre ellos el feminicidio. Esta herramienta normativa puede ser efectiva en la lucha contra el feminicidio en la República Dominicana, un flagelo social que requiere inversión pública como único mecanismo para garantizar el éxito de las acciones orientadas a reducir las muertes por esta causa y combatir la violencia intrafamiliar.
Como es ya conocido, dentro del campo de aplicación de las acciones penales en el ámbito de persecución pública y judicial en el mundo entero, el hecho de fortalecer a través de condenas, y la introducción de ciertos elementos jurídicos que permiten el accionar de los órganos persecutores, no necesariamente ayudan a la eliminación o reducción de una lucha tan compleja como es el caso del feminicidio.
El incremento de penas para ciertos delitos, como es el caso del feminicidio con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, sin la inversión en política pública que ayuden a combatir este flagelo, solamente tendrá como resultado el aumento de personas convicto por este delito, abarrotando las cárceles de presos preventivos y condenados, sin atacar las verdaderas causas sociales, culturales y familiares que lo originan, en nuestra sociedad.
La estadística mundial señala, en materia de criminología y persecución, que las infracciones por delitos criminales y la cultura que lo incentiva ceden un espacio de disminución, cuando el Estado invierte en educación, tratamiento psicológico, y talleres de trabajo doméstico y de oficio, el acercamiento a la iglesia y grupo de oraciones, incentivando un cambio cultural y social que permita la convivencia sana de las parejas; rompiendo el germen de violencia y agresión que vive nuestra sociedad.
Las instituciones que forman parte del sistema de persecución en los diferentes delitos criminales están más que conscientes, que el aumento de la pena no necesariamente es la fórmula efectiva para combatir el feminicidio, al igual que otros delitos, implica una inversión en un sistema integral entre todos los órganos que intervienen para su lucha.
El Estado dominicano en su conjunto, Poder Ejecutivo, Congreso y Judicial, deben de proponer un plan que no vaya enfocado única y exclusivamente a la lucha del feminicidio a través de penas punitivas, privativas de libertad de las personas, un Estado moderno debe tener políticas públicas encaminadas a insertar aquellos ofensores de violencia intrafamiliar a un plan de educación familiar y de hogar, que permita el crecimiento espiritual y armonioso ante una sociedad.
Sobre el autor
Lic. Eduard L.Moya, presidente fundador de Moya & Asociados abogados consultores desde el 2008, magister en Derecho Civil, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derecho Administrativo. Docente universitario en Pucmm, Universidad del Caribe y Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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