Código Penal castiga con penas más severas la extorsión contra funcionarios que contra el ciudadano común

  • La ley que entra en vigor en agosto de este año, endurece el tratamiento de la reincidencia

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Código Penal.

Santo Domingo. – El nuevo Código Penal dominicano contempla penas de hasta diez años de prisión para los delitos de extorsión y chantaje, además de una serie de sanciones complementarias que incluyen la inhabilitación profesional, la incautación de bienes, cierre de comercios y medidas de seguimiento sociojudicial.

La propuesta legislativa cobra relevancia luego de que el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, afirmara durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que la extorsión se ha convertido en “una gran industria” en República Dominicana, impulsada principalmente por el uso de redes sociales y plataformas digitales.

El proyecto establece en su artículo 232 que constituye extorsión el hecho de obtener mediante violencia, amenaza o constreñimiento la firma o entrega de documentos, valores, bienes, fondos o incluso la revelación de secretos.

Por este delito se impondrían penas de tres a cinco años de prisión menor y multas de entre nueve y quince salarios mínimos del sector público.

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Código Penal. En la Asamblea Nacional, la pieza fue la más reconocida.

Sin embargo, cuando la víctima sea un funcionario público, electo o designado, la sanción aumentaría de cinco a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos.

El texto también tipifica de manera específica el chantaje. El artículo 233 establece que incurre en este delito quien, mediante amenaza de revelar hechos que afecten el honor o la reputación de otra persona, procure obtener dinero, documentos, valores o cualquier soporte de expresión del pensamiento.

En estos casos, la pena prevista sería de dos a cinco años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público.

Al igual que ocurre con la extorsión, si el chantaje se dirige contra un funcionario público la condena subiría a entre cinco y diez años de prisión mayor.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la inclusión de disposiciones vinculadas a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

El artículo 192 sanciona con seis meses a un año de prisión menor y multas de uno a dos salarios mínimos la publicación o difusión de audios, imágenes o videos sin autorización de la persona afectada.

No obstante, la pena escala de cinco a diez años de prisión mayor cuando el contenido tenga carácter íntimo o sexual, afecte gravemente la dignidad de la víctima o sea utilizado con fines de chantaje, extorsión, venganza o descrédito público.

La ley que entra en vigor en agosto de este año, endurece el tratamiento de la reincidencia.

El artículo 54 establece que el robo, la extorsión, el chantaje, la estafa y el abuso de confianza serán considerados infracciones de una misma naturaleza para fines de reincidencia, catalogando esta condición como delito muy grave.

Penas complementarias

El nuevo Código Penal también abre la puerta a sanciones adicionales contra personas físicas y jurídicas involucradas en esquemas de extorsión y chantaje.

Código Penal castiga con penas más severas la extorsión contra funcionarios que contra el ciudadano común

El artículo 235 permite aplicar penas complementarias como la inhabilitación definitiva para ejercer funciones públicas o actividades profesionales vinculadas al delito cometido.

Asimismo, contempla inhabilitaciones temporales de hasta cinco años, así como otras medidas contempladas en distintos artículos del código, entre ellas la posibilidad de incautación de bienes y cierre de establecimientos comerciales utilizados para cometer las infracciones.

De igual forma, el artículo 236 autoriza a los tribunales a imponer medidas de seguimiento sociojudicial a los imputados por extorsión o chantaje, mecanismo que busca mantener vigilancia y control sobre personas condenadas por este tipo de delitos.

Las disposiciones aparecen en momentos en que las autoridades han advertido sobre el crecimiento de redes de extorsión digital, incluyendo amenazas con contenido íntimo, suplantación de identidad, manipulación de imágenes y estafas a través de plataformas electrónicas.

Sobre el autor

Anyelo Mercedes

Es periodista y locutor. Cubre Congreso, Partidos Políticos y JCE.