El sector laboral expresa desacuerdo con esa parte.
Santo Domingo.-Los empresarios están dispuestos a no firmar el Pacto Eléctrico si se aplica el cobro del 10 % de impuestos a los usuarios no regulados, por entender que esto le estaría afectando por el elevado costo que tendrían que pagar, de acuerdo a Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
“Imagínese que si en vez de lograr mejores condiciones de competitividad nosotros estaríamos encareciendo el precio a los usuarios no regulados, y por lo tanto nos sacaría más de competencia frente a nuestros competidores internacionales”, señaló Circe Almánzar.
Sostuvo que sería ilógico plantear ese diez por ciento.
Pero lo contrario opina Ángel Canó, miembro del Consejo Administrativo de la Superintendencia de Electricidad, quien aseguró que en el actual esquema que está planteado en el Pacto no afectaría la tarifa energética ni a los sectores productivos.
Señala que lo que se busca es establecer un régimen tarifario que permita a las distribuidoras recuperar los costos y sanear las finanzas, así como bajar las pérdidas en el suministro de energía.
Canó expresó que el 10 % no incidiría en la tarifa eléctrica ni en lo que pagan los usuarios que están fuera de este régimen.
“En esa medida se está estableciendo una serie de parámetros que van a permitir a las empresas distribuidoras reducir las pérdidas en un cierto tiempo y tener una salud financiera que permita ser autosostenible”, manifestó.
Las discusiones se reanudaron ayer y se debatieron varios puntos que según algunos de los participantes, acercan más a la culminación del debate.
El cobro de este 10 % para los usuarios no regulados es uno de los temas de disenso en el marco de las discusiones del Pacto Eléctrico.
En la reunión anterior el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, aseguró que todavía existe la posibilidad de que todos los sectores involucrados coloquen los intereses del país por encima de los particulares para aprobar el Pacto.
