YAUTEPEC, México.-Individuos armados secuestraron a un chofer de taxis en esta ciudad agrícola del centro de México en diciembre y exigieron un rescate del equivalente a 3.000 dólares. Su familia pagó, pero los secuestradores de todos modos lo mataron.

Un estudiante de 22 años fue secuestrado, asesinado y arrojado en una carretera porque su familia no pudo reunir los 30.000 dólares que le pedían. Hombres armados irrumpieron en una reunión de Alcohólicos Anónimos, se llevaron al dueño de una ferretería y también lo mataron.

Tan solo en el mes de diciembre, al menos siete personas fueron secuestradas en esta ciudad de 100.000 habitantes, según la cuenta de organizaciones comunitarias. Todos menos uno fueron asesinados, varios después de que se pagaron rescates a carteles del narcotráfico que buscan nuevas fuentes de ingreso ante la ofensiva gubernamental que generó el arresto o la muerte de varios capos, de acuerdo con las autoridades.

Maria González toca una foto de su hijo César, un ingeniero de 33 años, que fue secuestrado y luego asesinado por delincuentes que ya habían cobrado un rescate por él.

Asustados y furiosos al mismos tiempo, los residentes hicieron varias manifestaciones de protesta frente a la municipalidad, exigiendo al gobierno que intervenga. El nuevo secretario de seguridad pública del estado asumió el control de la policía municipal el mes pasado y envió cientos de agentes a Yautepec, prometiendo resultados inmediatos.

Pero en esta ciudad, que está resultando un banco de pruebas de las tácticas para combatir los secuestros, la gente no se anima a salir de noche, está pendiente de cualquier auto manejado por un desconocido y sufre lo indecible cuando un ser querido no llega a casa a tiempo.    Los residentes se muestran complacidos de que hayan llegado refuerzos policiales, pero dicen que no creen que las instituciones gubernamentales, que según ellos están llenas de funcionaros corruptos, vayan a tener un impacto a largo plazo en un problema que ha alcanzado proporciones epidémicas en esta región de plantaciones de caña de azúcar y tomates donde abundan las casas de fin de semana de la clase media de la Ciudad de México.

El alcalde dice que las críticas obedecen a una “psicosis” de origen político. Al no haber estadísticas confiables, nadie sabe realmente.    “Ahorita hay retenes, pero no vemos una investigación, no hay información. Esa es a veces la impotencia, la tristeza del pueblo”, declaró Israel Serna, legislador estatal del partido izquierdista Movimiento Ciudadano que participó en las protestas frente a la municipalidad.

“La gente no ve que su gobernante, que su presidente municipal, que su diputado federal, su senador, su gobernador, dé la cara, (por lo que) se empiezan a organizar”.    Las mismas autoridades admiten que el aumento de los secuestros es una consecuencia directa de la represión del crimen organizado.

El gobierno libra desde hace siete años una guerra sin cuartel contra el narcotráfico y las organizaciones más grandes han sido desmanteladas. Miles de miembros de esas bandas se dedicaron entonces al secuestro tanto de gente próspera como de personas humildes en sitios como Yautepec con el fin de conseguir dinero rápido.

El año pasado, en momentos en que tanto México como Estados Unidos, que apoya su batalla contra los traficantes, destacaban la detención de numerosos capos y decían que las tasas de homicidios relacionados con el crimen organizado estaban bajando, el índice de secuestros alcanzó su nivel más alto en 16 años.    Oficialmente se habló de 1.695 secuestros, pero encuestas gubernamentales indican que menos del 2% de los secuestros son denunciados a la policía.

Agustín Alonso, alcalde de Yautepec.

De ser cierto eso, la cifra real de secuestros podría ser superior a los 100.000 anuales.    Yautepec se encuentra en el centro de una zona rural relativamente próspera y densamente poblada, llena de comunidades suburbanas que se extiende hacia el este desde Cuernavaca, capital de Morelos, uno de los estados más pequeños de México y que figura entre los cinco con más secuestros per cápita, según estadísticas del gobierno nacional.

Cuernavaca es una de las bases históricas del cartel Beltrán Leyva, una poderosa organización que se resquebrajó por la muerte y los arrestos de sus líderes en tiempos recientes.    Una célula del cartel comenzó a secuestrar a miembros de la pujante clase media del estado: comerciantes, maestros y agricultores prósperos que viven a lo largo de unos 50 kilómetros (30 millas) de una carretera nacional que va desde Cuernavaca hasta Cuautla, pasando por Yautepec, de acuerdo con Jesús Alberto Capella, ex jefe de la policía de Tijuana que el mes pasado fue nombrado secretario de seguridad pública de Morelos.

“Los lugartenientes, o quienes quedaron huérfanos, se han dedicado a desarrollar este tipo de actividades”, afirmó Capella. “La crisis en Yautepec tiene que ver con el problema del grupo delictivo que tenemos en el estado secuestrando con un nivel de rudeza mayor a la que están acostumbrados, con homicidios de víctimas, cosas que no son muy comunes”.

Capella y el procurador de Morelos dicen que están estudiando la posible complicidad de elementos del gobierno local con los secuestradores.    “En ninguna parte del mundo las organizaciones criminales pueden tener éxito, ejecutando delitos tan graves, si no hay un acompañamiento de policías corruptos, de ministerios públicos corruptos, de jueces corruptos, de instituciones corruptas”, expresó Capella.

Juan Corso se abraza con una familiar en su residencia de Yautepec, luego de estar en manos de secuestradores durante ocho días.

“Todos estamos bajo investigación, todos, hasta yo”, manifestó el funcionario. “No tengo nada que esconder, mi vida es un libro abierto”.    Alonso, quien pertenece al Partido de la Revolución Democrática, de izquierda, dijo que está al tanto de solo seis secuestros en la ciudad desde que asumió como alcalde hace un año y que las protestas son generadas por informes falsos de secuestros emitidos por elementos de partidos opositores que lo quieren sacar del puesto.

“El temor de la población creó una psicosis en la cual daban por secuestrada a mucha gente que no era cierto”, declaró Alonso. “Ya iban como diez secuestros en una semana que no se dieron. ¿Cual es el fin? Quizás sea político. Ves en las marchas actores políticos que quieren decir `miren, yo soy la salvación… Voten por mí”’.

Durante su campaña el hoy presidente Enrique Peña Nieto prometió en el 2012 actuar con firmeza para combatir los delitos que más afectan al mexicano común y corriente: los homicidios, los secuestros y las extorsiones.

Bajo presión, su gobierno anunció el 28 de enero una estrategia de diez puntos para combatir el secuestro que incluía la designación de un zar antisecuestros, quien declaró que ese flagelo constituía “una emergencia nacional”.

El gobierno prometió una mejor coordinación entre las autoridades estatales, nacionales y municipales, una mejor capacitación de las unidades policiales de elite que combaten el secuestro, la creación de una base nacional de denuncias de secuestros y un control más estricto de las prisiones desde las cuales los reos dirigen bandas de secuestradores.

“El secuestro no debe ser un delito rentable, de bajo riesgo para los criminales”, afirmó el secretario del interior Miguel Angel Osorio Chong.

Sin embargo, eso es lo que es Morelos, un estado muy cercano a la Ciudad de México.    Una de las manifestantes que se plantó frente a las oficinas de Alonso fue María Ruth González Vidales, de 55 años, dueña de una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad. Su esposo es mecánico.

En el 2012 su hijo César, un arquitecto e ingeniero de 33 años, fue secuestrado cuando visitaba a la familia en Yautepec. La familia reunió 10.000 dólares y los dejó en fajos de 2.000 dólares en una caja de cereales en Cuernavaca. Cinco días después su hijo apareció muerto en el baúl de su auto, a pocas cuadras de la oficina de la procuraduría estatal, donde la familia había denunciado el secuestro.

“No se agarró a nadie”, dijo la mujer. “Como que los secuestradores dicen `no pasa nada, seguimos con nuestra ola de violencia, de secuestros, y a nadie no hacen nada”’.    González dice que no teme represalias por participar en protestas.

“Me siento como si estuviera muerta. Ya no le pongo temor a que me vean”, sostuvo. «Quiero que sepan todos: voy a seguir y un día estos tipos van a pagar”