Como debería de esperarse, por ser un Estado parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Haití hizo su entrada en el terreno del litigio CIDH-RD. Lo hizo sin ánimo de provocar un conflicto diplomático bilateral.
En tal sentido, el canciller haitiano consideró que el tema corresponde a los organismos de derechos humanos.
Por ende, contrario a una recién publicación en la prensa local, “Haití, no está detrás del fallo”. Tampoco pudiera quedarse indiferente, ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que ordena a desconocer la competencia de la Corte IDH, por una sentencia que favorece a personas de nacionalidad o de origen haitiano.
Esa posibilidad, si se materializa, privaría a nivel regional, el uso de un recurso que ha sido el más efectivo tendiente a llevar al Estado dominicano a un trato justo de los inmigrantes haitianos y sus descendientes.
La población dominicana igualmente quedaría sin un medio supranacional donde dirimir sus diferencias con el Estado.
Para muchos, los distintos gobiernos haitianos, en los 14 años que duró el proceso que ocupa la actualidad, se han quedado al límite de la indolencia. Las ONG internacionales y de la isla que han llevado el expediente se han quejado del poco interés oficial. A veces, siquiera para facilitar simples documentos que ayuden a robustecer las acusaciones.
Tan solo la sentencia 168/13 del TC, como expresión inaceptable en las relaciones bilaterales del antihaitianismo extremo, por sacudir a la sociedad haitiana, obligó al gobierno a lanzar una ofensiva diplomática a través de la Caricom y la OEA.
Sin embargo, siempre ha sido de manera prudente. Algunos dicen en Haití “muy ambigua”. A tal punto, que el presidente Medina reconoció en una entrevista con la prensa palaciega que el presidente Martelly fue condescendiente con él en lo que definió como una “encerrona” en la cumbre de la Celac en Cuba, frenando de cierto modo la “andanada” de líderes caribeños.
Asimismo, la reasignación del canciller Pierre Richard Casimir al gabinete privado del presidente se ha interpretado como un gesto de buena fe hacia la administración Medina. Ello, por su papel vital en la movilización de los principales aliados de Haití en la región con el objetivo claro de llevar a la República Dominicana a buscar una salida a la crisis creada por el TC.
Esa prudencia se ha comprobado una vez más en esta ocasión por las autoridades de los Ministerios de Asuntos Extranjeros (MAE) y de los Haitianos Viviendo en el Extranjero (MHAVE), al no abordar directamente el tema del enfrentamiento CIDH-RD. Si no aprovecharon una pregunta en una conferencia de prensa sobre la situación de los inmigrantes haitianos en las Bahamas. No lo hizo el titular del MHAVE que pudiera tener mayores latitudes. Sino el canciller.
Este último desarrolló su carrera diplomática como representante de Haití en la OEA, en Washington, donde dejó excelentes relaciones con países de la región. Por lo cual, al tomar en cuenta que la condena de la Corte IDH se refiera igualmente a la situación de los potenciales apátridas, las presiones sobre él para que se pronuncie son de diversos sectores.
Algunos dudan que la prudencia haitiana pueda perdurar con una aplicación de la sentencia 256-14 del TC, en momentos que están tomando cuerpo consideraciones de peso directamente vinculadas a la diáspora.
Por ser esta el mayor contribuyente a la economía haitiana al aportar alrededor de 25% del PIB con más de 2 mil millones de dólares anuales, es del más alto interés haitiano ayudar a su integración social y política en los países de acogida.
Desde la República Dominicana el aporte es de unos US$400 millones. Suma que triplica las exportaciones haitianas hacia este país. De tal modo que más allá de los derechos humanos, cuando se pone en la balanza diáspora haitiana y comercio bilateral hay una inclinación evidente.
Por ahora, Haití, prudentemente pero contundentemente, se limita a interpelar “todas las organizaciones multinacionales y los organismos de derechos humanos” a favor de la aplicación del fallo de la Corte IDH.
Evidentemente, es una complicación traída nueva vez por el TC, que no era deseada por las partes, en el nuevo rumbo que parecen tomar las relaciones dominico haitianas.
