Miami.- César Emilio Peralta, conocido como “el Abusador”, presunto narcotraficante dominicano, entabló una demanda civil de $7 millones contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico (prisión federal), denunciando violaciones a la Constitución estadounidense por parte del exalcaide y varios oficiales de la prisión.
Peralta, quien se declaró culpable en 2022, informó al juez federal Pedro Delgado en ese entonces que la administración de la prisión no le había brindado atención a su situación de salud, una acusación que reiteró a principios de diciembre de 2024. A raíz de esto, escaló su reclamo al radicar la demanda civil por $7 millones.
De acuerdo a una publicación del periódico puertorriqueño Elnuevodía.com. aunque la demanda permanece sellada, una orden y opinión emitida en marzo por la jueza Camille Vélez Rivé reveló que Peralta alegó "indiferencia deliberada a sus necesidades médicas" y solicitó "tratamiento médico inmediato y adecuado". Sus abogados también pidieron interdictos temporeros y preliminares para que se le concediera el remedio de inmediato.
Según los documentos judiciales, Peralta argumentó que no necesitaba completar el proceso administrativo interno de la prisión porque desconocía los procedimientos, debido a que los demandados ignoraron sus denuncias médicas y obstruyeron sus quejas, y porque los oficiales del MDC "fallaron en tomar acción" tras enterarse de sus querellas verbales y escritas.
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Sin embargo, la jueza Vélez Rivé denegó la medida de urgencia, permitiendo que el pleito siga su curso regular. La jueza de distrito señaló que la demanda fue radicada "sin algún tipo de evidencia en apoyo, sino con argumentos vagos del abogado", mientras que los demandados presentaron una declaración jurada detallada de una empleada del área legal del MDC, indicando que Peralta "no radicó ninguna petición para remedio administrativo".
En cuanto a la denuncia de obstrucción deliberada de tratamiento médico, Vélez Rivé apuntó que Peralta no presentó hechos o detalles específicos sobre sus quejas dentro de la prisión.
"Además, (Peralta) afirma que los funcionarios de MDC Guaynabo se negaron a procesarlas y sus solicitudes de tratamiento fueron ignoradas, pero el demandante no indica qué funcionarios se negaron a procesarlas y qué quejas fueron las que supuestamente fueron ignoradas. Por tanto, el Tribunal no puede discernir cuáles demandados supuestamente obstruyeron algún tratamiento médico en particular y cuáles fueron los roles de los demandados en dicha supuesta obstrucción", resaltó la jueza en su orden y opinión.
No incluyó evidencia
La jueza también indicó que el reclamo de Peralta no incluyó evidencia o precedentes que lo eximan de cumplir con los trámites administrativos regulares de la prisión antes de radicar una demanda civil.
"El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante y las frustraciones que pueda tener relacionadas con el tratamiento médico que está recibiendo mientras se encuentra detenido. Sin embargo, esto no se puede extrapolar para argumentar, como lo ha hecho, que se le ha negado el tratamiento médico adecuado", indicó la jueza. Añadió que, "lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia de la BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento médico de su elección, y tiene que agotar la vía administrativa antes de presentar un caso ante este tribunal".
"Por lo tanto, el tribunal no está en posición de determinar, como el demandante desea que lo haga, que la atención médica y el tratamiento brindados al demandante […] no han sido adecuados y no han cumplido con el estándar de atención", afirmó.
Al día siguiente de esta decisión, el abogado de Peralta acudió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para intentar revertir la determinación negativa sobre el interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder a la moción radicada.
Arrestado en Colombia
Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 y permanece bajo custodia del Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP) tras su extradición en diciembre de 2021 por un pesquisa que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) inició en 2018.
Posteriormente, un gran jurado en el estado de Florida lo incluyó como uno de varios acusados en un pliego de 2019, pero esos cargos fueron transferidos para ser procesados en el Tribunal Federal en San Juan.
Las acusaciones sostiene que, presuntamente, dirigió una enorme organización transnacional de narcotráfico en la región del Caribe desde 1997.
“(Peralta) fue registrado como un CPOT (Objetivo Organizacional Prioritario) en 2017, un narcotraficante de alto calibre, por así ponerlo. Es análogo a lo que era ‘el Chapo‘ (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera). Es el único CPOT, así clasificado, en Puerto Rico y el Caribe”, manifestó Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía federal de San Juan, en declaraciones previas.
“Esto significa que Peralta dirigía una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas, y que tenía un alto impacto en el suministro de drogas ilícitas en Estados Unidos”, añadió agente.
En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable por el segundo cargo del primer caso (conspiración para importar cocaína), y por los cargos uno y dos del otro caso, también por tráfico de cocaína, (conocimiento de que drogas serían importadas a Estados Unidos).
Desde entonces, la vista de sentencia en ambos casos se ha pospuesto en múltiples ocasiones, el más reciente por razones que no se conocen públicamente debido a que las mociones permanecen selladas.
Sin embargo, por el título de las mociones se desprende que la defensa sostiene que existe algún tipo de controversia con relación al descubrimiento de prueba.
Mientras, desde que fue arrestado, Peralta ha solicitado que se le provea tratamiento para varias condiciones médicas.
