Sus declaraciones fueron previas a participar en las vistas públicas convocadas para este jueves en el Salón de la Asamblea Nacional por la comisión bicameral que estudia la modificación la Ley 87-01 de seguridad social y que preside el diputado Agustín Burgos. Foto de archivo.
Santo Domingo.- El sector sindical anunció hoy su retiro del diálogo sobre la modificación del Código del Trabajo, debido a que la decisión de eliminar la cesantía laboral de la Ley para transferirla a un instituto de riesgos laborales se ha realizado al «margen de sus opiniones».
Además, afirmaron que con la reclasificación de las empresas el salario mínimo mayor no sería pagado por ninguna empresa y condicionan la aceptación de la propuesta a que se comprometan a pagar como salario mínimo el costo de la casta familiar que es de 30 mil pesos, según el Banco Central.
Las centrales sindicales convocaron a una gran marcha para el 10 de abril a las 10:00 de la mañana, partiendo del parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional.
De su lado, la vice presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almánzar, lamentó la decisión de los gremios, ya que si no se dan lo diálogos nunca se sabrá cual es la posición real de cada parte.
Almánzar rectificó que no se está hablando de afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de reducir los salarios y tampoco de eliminar la cesantía.
Enfatizó que la intención es que el Código de Trabajo sea cónsono con lo que establece la Ley de Seguridad Social de que debe haber un pago tope para evitar que se afecte la economía de las empresas a la hora de prescindir de un empleado.
Con relación a la reclasificación, la empresaria reiteró que se debe aplicar la Ley de forma que no vulnere los derechos de los empleados, ya que es ilegal reducir salarios y «nadie lo ha planteado». Dijo que lo que se debe hacer es adecuar los salarios a lo que dice la ley de clasificación de empresas.
Se recuerda que el pasado lunes la reunión del Comité Nacional de Salarios se pospuso nuevamente para el 25 de abril, tras no llegar a ningún acuerdo entre las partes por la insistencia de los empresarios de reclasificar las empresas.
