Roberto Marcallé Abreu
MANAGUA, Nicaragua. Si la sociedad dominicana no se pone de pie como una sola persona y exige que se frene de manera firme el irrespeto a la convivencia civilizada y se castigue de forma ejemplar una delincuencia que le ha robado su paz y sosiego, será imposible que podamos salir con bien de lo que debe concebirse como una amarga y decisiva confrontación social.
El destino que nos aguarda, entonces, sería una progresiva disolución, tal y como ocurría en El Salvador previo a las ejecutorias admirables del presidente Bukele, o como, desde hace tiempo, viene aconteciendo en determinados ámbitos de México, en grave perjuicio del orden, la paz y la seguridad.
La sociedad humana ha sufrido una grave mutación en la que conceptos alguna vez predominantes se han ido diluyendo a consecuencia de una inversión de valores catastrófica. Entre los dominicanos, y gracias en su medida a una nefasta permisividad histórica y la carencia de principios y de decencia predominantes en los pasados gobiernos, las consecuencias han sido definitivamente nefastas.
La pandemia del coronavirus, el predominio de los antivalores, el apetito desmedido por riquezas y una forma de vida que excluye principios, respeto y una conducta honorable, se han ido imponiendo de manera sangrienta y las consecuencias de ese proceder golpean de manera inmisericorde, cotidiana y aterradora al ciudadano y al orden social.
De no ser por el rechazo masivo manifestado en las urnas por el pueblo hace casi tres años y la elección del presidente Abinader, es inimaginable lo que hubiera ocurrido en nuestro país. Subsistiríamos a duras penas en un ámbito donde el poder de la delincuencia y del dinero mal habido hubieran impuesto de manera total su deleznable proceder caracterizado por el desafuero, la sangre y el desconocimiento absoluto de las normas más elementales de vida civilizada.
Lo definitivamente cierto es que la labor del Ministerio Público en estos últimos años y gracias al decisivo respaldo del presidente Abinader, han limitado en alguna medida el predominio total de la violencia y la delincuencia.
Pese a la actitud encomiable y valiente de la doctora Miriam German Brito, de Jenny Berenice, de Camacho y un grupo de valientes fiscales e investigadores, la persecución y castigo de algunos transgresores han venido a ser una decisiva lección histórica que debe proseguir ininterrumpidamente en su agresiva labor de profilaxis social e institucional.
No obstante, el poder de los grupos delincuenciales y de los depredadores de oficio, pese a haber sido limitado en sus dimensiones, de ninguna manera ha desaparecido. Bandas de narcotraficantes, asesinos y criminales de toda índole alimentadas por la desigualdad social y el respaldo solapado de sectores políticos y del gran dinero se han hecho fuertes en barrios y ciudades y con sobrada frecuencia evidencian que son capaces de cualquier barbaridad, hasta de las más inconcebibles…
En esta ocasión, un niño de nueve años ha perdido la vida tras ser impactado por las balas disparadas por un grupo de sicarios barriales de oficio en un ajuste de cuentas entre pandilleros. Otra víctima inocente.
Este delito bajo ninguna circunstancia puede quedar impune. Pero, y más aún, esta ocurrencia lamentable y sangrienta que nos ha conmovido a todos es la razón definitiva para iniciar una guerra sin cuartel contra la delincuencia y el delito a todos los niveles.
Es preciso que la lucha contra el narcotráfico, el pandillerismo y los antisociales se realice sin limitaciones burocráticas de ninguna naturaleza. Es preciso, asimismo, que se cumpla con las aspiraciones del pueblo dominicano de terminar la construcción del muro fronterizo e impedir que el estado de devastación y desasosiego predominante en la quebrada sociedad haitiana se siga proyectando en territorio dominicano.
Es fundamental ponerle término enérgicamente a la quema desaforada de las reservas forestales del país, un problema de graves dimensiones que debe ser asumido como un tema de vida o muerte.
Es preciso expulsar de territorio dominicano y de manera masiva a todos los nacionales haitianos ilegales, indocumentados, y fraudulentamente documentados, aunque en primer término a los delincuentes, asesinos, violadores y antisociales y expulsar de las instituciones y mandar a los tribunales a todo aquel que se preste
