Los procesos judiciales contra implicados en casos de corrupción, narcotráfico y otros delitos de alto impacto social reactivan los tribunales del país a partir de este 6 de enero de 2026, con expedientes que han marcado la agenda judicial de la República Dominicana.
Entre los casos más relevantes figuran Medusa, Coral, Coral 5G, Calamar, Camaleón y Pandora, así como otros procesos penales que se encuentran en distintas fases en los tribunales del país.
También están incluidos los imputados en los expedientes Caimán, Panthera 7, Venus, Domo, Arrecife, Lobo, Guepardo, Jaguar, Leopardo, Kraken, Cobra, entre otros casos de corrupción administrativa y crimen organizado que continúan su curso en el sistema judicial dominicano.
Caso Coral y Coral 5G
Los imputados en los casos Coral y Coral 5G comparecen ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que aplazaron para este martes la audiencia para escuchar las conclusiones del Ministerio Público, así como las declaraciones finales de los imputados que decidan hacer uso de ese derecho.
En esta etapa procesal, el Ministerio Público solicitó condenas contra los acusados. Concluida esta fase, los jueces declararán formalmente cerrados los debates y se retirarán a deliberar para decidir si acogen o no las solicitudes del órgano acusador, reservándose el fallo.
El expediente involucra a 30 personas y 18 empresas, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones. La estructura criminal habría sido liderada por los oficiales y exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, junto a otros implicados.
Caso Calamar
El 9 de enero, la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, continuará con el conocimiento de la audiencia preliminar del caso Calamar, que involucra a los exfuncionarios Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros, acusados en la presunta expropiación irregular de terrenos del Estado.
Caso Jet Set Club
El 12 de enero, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional iniciará la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set Club, tras el derrumbe del techo del establecimiento que dejó 236 personas fallecidas y decenas de heridos.
Caso Medusa
El 14 de enero, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuarán el juicio contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros imputados. El expediente incluye 40 personas y 22 empresas, acusadas de desfalcar más de RD$6,000 millones entre 2016 y 2020 mediante sobornos, lavado de activos y estafas a través del sistema penitenciario.
Caso Búfalo NK
El 19 de enero, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, conocerá la audiencia preliminar contra los implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Búfalo NK, presuntamente liderada por Isidoro Rotestán Clase (El Men) y otras doce personas.
Según la acusación, la estructura criminal movilizó grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando a la República Dominicana como punto de tránsito, mediante lanchas rápidas y barcos pesqueros. Una vez ingresaban las sustancias ilícitas, se coordinaba su envío internacional, donde el valor de la droga se triplicaba, generando ganancias millonarias.
Caso Camaleón
A mediados de este mes, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, conocerá la audiencia preliminar contra los imputados en el entramado de corrupción del caso Camaleón. De acuerdo con la acusación, los implicados sabotearon el sistema semafórico del Gran Santo Domingo para presionar y desestabilizar al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), tras la suspensión de un contrato con sus empresas.
Durante el año 2024, los imputados José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, a través de la empresa Transcore Latam, S.R.L., habrían manipulado el sistema semafórico para presionar tanto al Intrant como a la Contraloría General de la República, entidad que había suspendido el contrato cuestionado.
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