Santo Domingo .-La Unidad de Análisis Financiero, una entidad autónoma articulada sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha estado bastante activa en los últimos tres años debido a los procesos que impulsa la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
En este período ha recibido 403 solicitudes de asistencias técnicas por parte de distintas autoridades, pero de estas, el 69.98 % (282) le llegó del Ministerio Público, dependencia de la Procuraduría General de la República; un 18.61 % (75) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el 6.20 % (25) del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), el 3.23 % (13) de la Policía Nacional y el porcentaje restante de otras autoridades.
Las solicitudes se vieron impactadas en 2021 y, en menor proporción, en 2022 debido al alto número de casos relacionados con exfuncionarios.
Los casos
Aunque la memoria correspondiente al 2023, no específica los casos, se recuerda que la operación Antipulpo inició a finales del año 2020, pero fue al año siguiente cuando comenzó a develarse todo el proceso de la investigación.
En el caso Antipulpo, que está involucrado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, junto a otros exfuncionarios, fueron acusados de malversar miles de millones de pesos a través de contratos fraudulentos con el Estado.
En cuanto al proceso judicial denominado “Operación 13”, donde se involucró al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, se destapó en marzo del 2021 y estuvo relacionado con un fraude millonario durante un sorteo de lotería. Otros ocho individuos también fueron acusados.
En abril del 2021 entraron Operación Coral y Coral 5G, casos que involucran a altos oficiales militares y policiales, incluyendo al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, y otros miembros de las fuerzas de seguridad, quienes fueron acusados de desviar más de 4,000 millones de pesos mediante un entramado sobre diversas instituciones del Estado.
En ese mismo año, pero para el mes de junio, entró al escenario el caso Medusa, el cual se centró en el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, acusado de liderar una red de corrupción que manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos. El caso incluyó a 41 imputados y diversas empresas.
En el año 2023, entró la Operación Calamar con varios exministros del gobierno de Medina, como Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes fueron arrestados bajo imputación de desfalco, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas.
Las solicitudes
Los datos preliminares correspondientes al año 2023 están colgados en la página web de la Unidad de Análisis.
En el mismo también muestran que de los delitos precedentes u otros identificados en las solicitudes de asistencia técnica referidas a los que se presentaron en una mayor cantidad de casos fueron: tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, presente en el 29.84 % de las solicitudes; corrupción administrativa, en el 24.19 % de los casos; y posible lavado de activos, en el 17.74 % de los expedientes.
Otros delitos identificados que presentaron una menor frecuencia fueron: enriquecimiento no justificado (5.65 %), crímenes y delitos de alta tecnología (4.84 %), delitos financieros (3.23 %), soborno (3.23 %), trata de personas (3.23 %) y delito tributario (2.42 %), así como asociación de malhechores, contrabando, falsificación y adulteración de medicamentos, crimen, posible financiamiento del terrorismo, tráfico ilícito de armas y tráfico ilícito de migrantes, los cuales presentaron un peso inferior al 1 % de las solicitudes y fueron incluidos en la categoría “otros”.
Además, los diferentes análisis realizados a estas solicitudes permitieron identificar algunas señales de alerta y posibles tipologías, destacándose las siguientes: movilización y uso de alto volumen de dinero en efectivo (82.14 %), obtención de recursos que no fueron reportados a la DGII como ingresos percibidos (7.14 %), triangulación de fondos (7.14 %) y enriquecimiento no justificado con un 3.57 %.
Solicitudes
39 Cooperación internacional.
Fueron respondidas por la unidad en procura de fortalecer el sistema de prevención contra el LA/FT/.
Secretaria técnica
— Apoyo
Se considera como la secretaría técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con autonomía funcional. Teniendo como cometido identificar y elevar al Ministerio Público informes relativos al lavado de activos y otros.
