La muerte aún sin esclarecer de la estudiante de nacionalidad haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida el 14 del mes pasado en Santiago, durante una excursión organizada por el Instituto Educativo Integral Leonardo da Vinci, vuelve a desnudar la institucionalidad en el país.
El silencio cómplice del Ministerio Público, la Policía Nacional, apéndice del Ministerio de Interior y Policía; del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del propio centro educativo llenan de vergüenza a la sociedad dominicana frente a un sensible suceso que ha traspasado las fronteras nacionales.
Hasta el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), ha instado a las autoridades criollas a investigar rigurosamente y concluir el proceso sobre la muerte de la niña.
Ante las presiones mediáticas e institucionales, no fue hasta la noche del pasado sábado cuando el Ministerio Público informó del arresto de cuatro miembros del Instituto Leonardo da Vinci, vinculados a lo que cataloga como “homicidio involuntario”.
Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
A juzgar por las primeras informaciones del Ministerio Público, el camino conduce a que se producirá el ocultamiento de los verdaderos responsables y que se buscarán “chivos expiatorios”, evidenciado que el país constituye un verdadero caos institucional.
A través de una nota de prensa, las autoridades informaron que “el Ministerio Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños sólo con tres cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas”. Y agrega que establecieron que “hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Stephora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo”.
Esta situación ocurre a pesar de que el caso está bajo la investigación directa del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, funcionarios del más alto nivel de la Procuraduría General de la República; entidad que ha solicitado al Ministerio de Educación la realización de una inspección conjunta del referido centro educativo, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior de los menores de edad.
Otra cuestión que confirma la debilidad institucional radica que es ahora cuando la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación informan sobre el establecimiento de una mesa de trabajo “permanente” para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
El propósito consiste en enfocarse en la prevención y respuesta oportuna, a fin de garantizar la acción inmediata de las autoridades ante violencia en el espacio escolar y sus entornos, bullying, entre otros. Justamente, los trabajos se iniciarán por la provincia de Santiago, en donde los indicadores establecen que se requiere una atención especial.
La cuestión de la debilidad institucional no es nueva en el país, al punto que en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se configuró como un gran obstáculo estructural para alcanzar las metas de una sociedad próspera y justa.
El caso Stephora lo que viene es a desnudar nuevamente una vieja lacra social.
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