Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso para las 5:00 de la tarde de hoy la lectura de la sentencia contra los implicados en la red de corrupción del Caso Pulpo, acusados de cometer presuntos actos ilícitos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar e integrado por las magistradas Clara Castillo y Yisel Soto, decidirá el destino de los acusados, entre ellos Juan Alexis Medina Sánchez y otros señalados como miembros de la supuesta estructura criminal. La sentencia podría ser condenatoria o absolutoria.
El secretario del tribunal informó que la decisión se pospuso porque las juezas se encuentran trabajando en el proceso de deliberación y en la motivación de la sentencia para cada uno de los imputados.
Solicitudes del Ministerio Público
El Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó:
- 20 años de prisión y 400 salarios mínimos para Juan Alexis Medina Sánchez, acusado de liderar un entramado que desvió más de RD$5,000 millones del erario.
- 15 años de prisión y 200 salarios mínimos de multa para José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda.
- 10 años de prisión para el expresidente del Fonper, Fernando Aquilino Rosa Rosa; la exvicepresidenta administrativa, Carmen Magalys Medina Sánchez; Carlos José Alarcón; Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia De la Cruz Vargas.
- 10 años de prisión y 200 salarios mínimos de multa para Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
- 5 años de prisión para Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar.
- 3 años de prisión para Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la OISOE.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien firmó un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó 5 años de prisión suspendida y multa de 500 salarios mínimos, junto con restricciones como residencia fija, prohibición de ocupar cargos públicos y presentación periódica ante el juez de Ejecución de la Pena, además del decomiso de RD$15 millones a favor del Estado.
El Ministerio Público pidió también la inhabilitación por 10 años para contratar con el Estado, el decomiso de bienes ilícitos y la degradación cívica de los condenados, señalando que las penas se cumplan en los centros correccionales de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Acuerdos previos y recuperación de bienes
Durante la etapa preliminar, Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo, Lewis Ariel Castillo Robles y Domingo Antonio Santiago llegaron a acuerdos con el Ministerio Público mediante criterio de oportunidad y suspensión condicional del procedimiento, admitiendo su culpabilidad.
Pagán Rodríguez reconoció haber recibido RD$10 millones y entregó voluntariamente cinco cheques administrativos el 10 de diciembre de 2021. Con estos acuerdos, el Estado recuperó más de RD$200 millones en bienes muebles, inmuebles y efectivo.
Desarrollo del proceso judicial
El 8 de diciembre de 2020 se impusieron medidas de coerción a los imputados, luego de allanamientos iniciados el 29 de noviembre de 2020. Durante una audiencia, la entonces directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, advirtió:
“Usted tenía salud para contribuir al robo del Estado, entonces tenga salud para responder por ese crimen”.
Según la acusación, Juan Alexis Medina Sánchez aprovechó su condición de hermano del expresidente para crear un entramado societario que le permitió beneficiarse de contratos estatales mediante maniobras fraudulentas.
Entre los delitos que se le imputan están: lavado de activos, desfalco, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilícito de campañas políticas, uso de documentos falsos, soborno, tráfico de influencias, contratos simulados, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, uso de testaferros y otros delitos.
El Caso Pulpo involucra a 27 personas y 21 compañías, mientras que los abogados defensores confían en que las juezas decidirán conforme a derecho y esperan un fallo absolutorio para sus representados.
Etiquetas
