Conrado Pittaluga. Archivo
Santo Domingo.- Manuel Alejandro Rodríguez, uno de los abogados de la barra de defensa de Conrado Pittaluga Arzeno, acusado de recibir sobornos por US$92 millones pagados por Odebrecht para favorecerla con obras.
El jurista presentó su denuncia alegando que el magistrado Francisco Ortega no es imparcial en el desarrollo del proceso.
A través de una carta el jurista indica que el magistrado Ortega ha incurrido en errores “inexcusables” y lo acusó de no haber “cumplido con el importante deber de ser independiente al juzgar y decidir”.
Este martes el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega escuchara al Ministerio Público que responderá a los alegatos de defensa de los acusados.
A continuación la carta íntegra del abogado Manuel Alejandro Rodríguez:
Lic. MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Abogado Calle 12 No. 14, Residencial Rosmil, 10136, Santo Domingo, D. N. 2 de mayo de 2019 Lic. Conrado Pittaluga Arzeno Su despacho. Ciudad.- Asunto: Justificación de mi renuncia a su defensa.
Estimado Dr. Pittaluga: Como le avancé personalmente, luego de continuas reflexiones en estos últimos días, he llegado a la conclusión de que resulta conveniente a sus intereses y expectativas en la solución final que pueda adoptarse en la audiencia preeliminar que, mientras este caso siga en manos del Magistrado Francisco Ortega Polanco, no debo continuar participando de su prestigioso equipo de abogados.
A continuación mis razones para esta decisión: Como siempre me ha reconocido, mi pasión por el Derecho, su estudio y comprensión son quizás las cualidades que mejor me identifican como abogado.
He aceptado sus cumplidos, agregando lo siguiente: si el ejercicio de la abogacía no implicase una lucha por el Derecho, una defensa contra la irracionalidad o la injusticia, no tendría sentido para mí, sino como un instrumento empresarial o de enriquecimiento, que por cierto legítimo.
Pero sucede que como profesional no solamente vivo del Derecho, también en el Derecho, y en mi calidad de abogado no conozco otra forma de vida o ejercicio profesional.
En el estadio actual de este caso, y mientras su dirección esté a cargo del Magistrado Ortega Polanco, me considero inútil para continuar asistiéndole, pues se trata de un proceso donde el Derecho no es ni ha sido más que una fachada, un membrete, una referencia, pero no más de ahí.
Se trata de un caso donde las decisiones relevantes se han tomado en base a móviles ajenos al Derecho, y no con razones estrictamente jurídicas, que son las únicas que puedo aportar y manejar como técnico y estratega.
El error judicial o la equivocación de un juez es un evento siempre posible si admitimos que nuestra capacidad de conocer y de hacer es por naturaleza falible.
El problema no es el error, ni su reiteración sistemática en el contexto de un proceso; la deformación censurable es que los errores resulten inexcusables, pues ante casos fáciles no se justifican decisiones descabelladas, extrañas al Derecho vigente que provee las soluciones jurídicas de las situaciones que se plantean; y más grave aún, que esos errores inexcusables permanezcan inmunes o blindados de toda crítica racional.
Esto último es lo que he advertido hacer y patrocinar en no pocas ocasiones al Juez Ortega en el curso de este proceso. Ningún entendido del Derecho y que conozca del desarrollo de este proceso podrá compartir la idea de que las actuaciones históricas del Ministerio Público se encuentran exentas de faltas sancionables o que ninguna de las defensas ha logrado acertar con al menos uno de los múltiples incidentes presentados. Solo para Ortega y sus decisiones irrecurribles ha sido así.
Debo aclararle algo para evitar su confusión; en el Juez Ortega Polanco no advierto incompetencias ni debilidades técnicas que nos permitan cuestionar razonablemente su idoneidad para ejercer la magistratura con toda la honorabilidad que implica ese cargo. Muy por el contrario, no creo equivocarme si identifico en ese juez uno de los juristas mejor preparados y actualizados en el Derecho con que cuenta la judicatura dominicana; un examen de su polifacética producción doctrinal y de su trayectoria académica me permite identificarlo como un virtuoso con méritos de sobra para ocupar su posición de juez supremo.
Precisamente conocerlo así es lo que me convence de que sus decisiones en este proceso no han sido el producto de -al menosinterpretaciones y consideraciones basadas en el Derecho, sino en otros factores; es decir, no ha cumplido con el importante deber de ser independiente al juzgar y decidir.
Quizás se ha pretendido incorrectamente un justiciero, o bien, se trata de un mandatario que responde a intereses extraños al Derecho, pero en fin, no ha sido el buen juez, justo, imparcial e independiente que debería ser. Al expresar lo anterior nunca he perdido de vista de que este no es un caso ordinario, o un caso más de los que usualmente ocupan nuestra atención profesional. No.
Este es ciertamente un caso histórico. También un caso -como suele decirse- político; pero lo político debe ser entendido solo desde el punto de vista de su trascendencia e impacto social, pero no como un factor excluyente de lo jurídico, de la racionalidad y de la justicia, que es precisamente lo que hasta ahora ha sucedido.
En fin, me embarga la convicción que de continuar participando en el proceso frente al Juez Ortega, podría poner en riesgo sus intereses legítimos, Dr. Pittaluga, y la honorabilidad de esta profesión a que tanto le debo, pues mi nivel de decepción –y escepticismo- afecta sensiblemente mis capacidades y habilidades profesionales.
De ahí la justificación de esta medida, que tratándose de una cuestión personalísima, no espero menos que sea respetada por su buen juicio y el de mis compañeros.
En todo caso, ojalá mis conclusiones y perspectiva sobre el Juez Ortega, y este caso en sus manos, resulten fallidas, y esta decisión que he adoptado termine siendo el producto de un impulso que no contó.
Lic. MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Abogado Calle 12 No. 14, Residencial Rosmil, 10136, Santo Domingo, D. N. con la suficiente meditación y análisis -que creo haber aplicado-. Ojalá, pues de ser así, será el Derecho y la Justicia los que definan este caso en esta etapa preliminar, y eso implicará, sin dudas, su exclusión del proceso, la nulidad de la acusación o la inadmisibilidad de la mayoría de las pruebas a su cargo, Dr. Pittaluga.
Me despido deseándole la mejor de las suertes en el desenlance de esta fase procesal, ofreciéndome profesionalmente a su disposición para el caso de que se produzcan los cambios necesarios respecto de lo que ahora motiva mi inhibición. Un fuerte abrazo,
Manuel Alejandro Rodríguez
