SANTO DOMINGO.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, impuso esta tarde medida de coerción contra el imputado Bernardo Castellanos de Moya consistente en una garantía económica ascendente a RD$5 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país hasta que concluya la investigación.
Además Castellanos, el implicado número 14 del caso Odebrecht, deberá presentarse todos los lunes de cada mes por ante la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), hasta que concluya la investigación.
Asimismo, el magistrado Ortega ratificó la declaratoria de complejidad del presente proceso, en virtud del artículo 370 del Código Procesal Penal y el otorgamiento con relación al mismo de un plazo de ocho meses para la conclusión del procedimiento preparatorio contados a partir del 9 de junio de este año.
La medida de coerción dictada a Castellanos está establecida en el artículo 226, numerales 1, 2, y 4 del Código Procesal Penal.
El juez advirtió a las partes que estén en desacuerdo con esta decisión que tienen un plazo de 20 días a partir de la notificación para apelar la medida.
Castellanos de Moya era el único de los 14 imputados que no había comparecido ante la Justicia porque cuando se emitió la orden de captura en su contra no estaba en el país y permaneció fuera hasta la noche del miércoles.
Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando ingresó al país en un vuelo procedente de Panamá, pasadas las diez de la noche.
La Procuraduría General de la República informó que la detención de Bernardo Castellanos ee Moya se efectuó en cumplimiento a la orden judicial número 0035, emitida en fecha 26 de mayo de 2017 por el magistrado Francisco Ortega Polanco.
De acuerdo a la Procuraduría, el detenido, quien se desempeñó como director técnico de la estatal Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, figura señalado en el testimonio de un exejecutivo brasileño de Odebrecht, como presunto involucrado en la trama de sobornos pagados por esa empresa a funcionarios públicos dominicanos.
Por el caso tienen medida de coerción los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco. Así como también Temístocles Montás, César Sánchez, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista, Ruddy González, Máximo D’ Óleo, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.
Todos están acusados de recibir soborno pagado por Odebrecht para ser favorecida con contratos de obras.