Rainery Elizabeth Medina Sánchez.
Santo Domingo.- Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo le variaron hoy la medida de coerción de prisión por arresto domiciliario a Rainery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del almacén de la Procuraduría General, y testigo estrella del Ministerio Público contra los implicados en entramado de corrupción caso Medusa.
La imputada Medina Sánchez colaborara con la investigación del Ministerio Público contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados por el caso Medusa.
Medina Sánchez está acusada de dirigir una banda que sustrajo 710 televisores y una cantidad indeterminada de abanicos adquiridos por la Procuraduría para equipar varias cárceles del país.
Mientras, siguen en prisión, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.
A Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera de la Procuraduría, Rafael Mercedes Marte, encargado de contabilidad y a Jenny Marte, exencargada de proyectos, la jueza le dictó arresto domiciliario.
En cuanto al señor Miguel José Moya, la jueza dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica por este ser una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.
Según el Ministerio Público, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes utilizaron la Procuraduría para distraer cuantiosas sumas de dinero y formaron un concierto de voluntades para cometer actos contrarios a la ley, trasgrediendo el fin esencial del Ministerio Público, que es el de perseguir y de implementar la política contra el crimen.
Entre los perjuicios enlistados que el Ministerio Público atribuye al exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores al Estado figura la eliminación de las principales fuentes de información de la organización con el objetivo de destruir evidencias de los hechos cometidos, lo que ha derivado en pérdidas irreparables de información en áreas como Extradiciones, Bienes Incautados y Antecedentes Penales.
También la creación de empresas a través de testaferros para venderle a la Procuraduría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Lavado de Activos.
