Caso Lobo: juez conoce coerción contra militares y civiles por estafa al Estado
Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá en los próximos minutos la solicitud de medida de coerción contra los militares y civiles imputados en el denominado caso Lobo.
A los acusados se les señala como parte de una estructura criminal dedicada a recibir sobornos y manipular licitaciones en diversas instituciones públicas, con el objetivo de adjudicarse contratos de servicios de seguridad.
Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud de los hechos y el número de implicados.
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La acusación está sustentada en 336 elementos de prueba, que documentan irregularidades cometidas en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.
Según las investigaciones, la red utilizaba empresas fachada para desviar fondos públicos a través de contratos de seguridad privada, ocasionando pérdidas al Estado por más de RD$100 millones.
Las empresas señaladas como parte del esquema son:
- Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE)
- Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL
- Magesty Waste & Recycling Company SA
- Magesty Recycling SRL
La audiencia se celebrará en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que actuará como Oficina de Atención Permanente debido al número de imputados.
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