Caso Lobo: Dos coroneles admiten que recibieron sobornos y manipularon licitación

SANTO DOMINGO.- Dos de los diez imputados en la presunta estructura criminal del caso Lobo admitieron las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, de que recibieron sobornos y participaron en la manipulación de licitación para favorecer una empresa con contratos de servicios de seguridad privada.

Así lo informó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, quien espera que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, imponga prisión preventiva a los implicados en hecho ilícito.

Los imputados que admitieron los hechos son el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz, y el coronel de la Fuerza Aérea, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte.

Le recomendamos: Tribunal ventila solicitud prisión por el caso Lobo

Dichos imputados formaban parte de la red criminal dedicada a recibir pagos ilegales y cometer otras irregularidades en procesos de licitación pública, en distintas instituciones del Estado dominicano, con el objetivo de obtener contratos por servicios de seguridad.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.

Los demás imputados en el caso Lobo son: el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Para ejecutar los presuntos actos de corrupción, la estructura del caso Lobo habría utilizado empresas como: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Magesty Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.

El Ministerio Público, representado por el director de Persecución Wilson Camacho y la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, han manifestado que el Ministerio Público cuentan con 336 elementos de prueba que respaldan los presuntos hechos de corrupción en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.

Una vez finalizada esta fase de la audiencia sobre la solicitud de medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena podría reservarse el fallo para una fecha posterior, a fin de valorar si acoge las peticiones del Ministerio Público o las de las defensas de los imputados.