Santo Domingo.- El Ministerio Público cuenta con más de cien elementos de prueba contra los implicados en la red criminal de narcotráfico del caso Kraken, quienes se dedicaban a distribuir grandes cargamentos de drogas procedentes de Suramérica, que luego enviaban a Estados Unidos a través de Canadá.
Los imputados del caso Kraken están integrados por dominicanos, belgas, colombianos y serbios.
Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, el órgano acusador posee una serie de pruebas que incluyen elementos testimoniales, periciales y materiales contra los procesados.
Las pruebas contenidas en la medida de coerción fueron ocupadas durante los allanamientos realizados en las residencias de los imputados e involucran a empleados del Puerto Multimodal Caucedo, así como registros de inspección en los lugares donde se ejecutaron los operativos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.
En el documento, el órgano acusador destaca que cuenta también con dos sentencias como elementos probatorios.
La primera, de fecha 06 de abril de 2022, emitida por los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, declaró la absolución de Leandro Manuel Arias Santana por violación a la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La segunda sentencia, emitida por los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, anuló dicha absolución y ordenó un nuevo juicio total, luego de ocuparle una maleta con más de 36 kilos de cocaína.
Los magistrados alegaron que el tribunal valoró de manera errónea las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
Con estos elementos, el órgano acusador busca demostrar que el imputado Leandro Manuel Arias Santana está vinculado a la actividad ilícita, al igual que otros miembros de la estructura criminal del caso Kraken.
La instancia también establece que el imputado Francisco Paulino Castro (El Regidor y/o El Compadre), exregidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), utilizaba su vehículo tipo yipeta para transportar alijos de drogas en compartimientos secretos (caletas), según uno de los elementos de prueba aportados para sustentar la solicitud de coerción.
Ese era el modus operandi de la organización criminal, que utilizaba caletas ocultas en camiones para contaminar contenedores y movilizar drogas dentro de la terminal portuaria.
Características de la red criminal Kraken
La organización criminal utilizaba vías de comunicación privadas, encriptadas o de difícil rastreo, con el objetivo de evadir la interceptación y el monitoreo por parte de las autoridades.
Además, se auxiliaba de empleados de empresas de seguridad privada vinculadas al puerto, quienes facilitaban el ingreso y la colocación de drogas dentro del recinto portuario, garantizando el acceso a áreas restringidas.
Los miembros de la estructura utilizaron su influencia para extenderse más allá del territorio nacional, operando en puertos estratégicos de Estados Unidos y Europa para asegurar la distribución internacional de drogas.
La red se apoyaba en transportistas, camioneros y operadores de grúas que, de manera coordinada, permitían el traslado, manipulación y ocultamiento de sustancias controladas.
Mantenía una estructura jerárquica definida, con líderes que dirigían las operaciones, supervisores intermedios que coordinaban tareas específicas y colaboradores que ejecutaban acciones en el terreno.
Asimismo, implementaba mecanismos de corrupción y soborno hacia empleados portuarios y autoridades, con el fin de garantizar la impunidad y la continuidad de sus actividades ilícitas.
El expediente señala que la organización poseía una capacidad financiera significativa que le permitía sostener operaciones logísticas complejas, incluyendo el pago de nóminas a sus colaboradores, la adquisición de tecnología de comunicación y el financiamiento de sobornos.
También exhibía una alta capacidad de adaptación, modificando sus métodos y canales de transporte cuando percibía riesgos de ser detectada por los organismos de seguridad.
Se articulaba como una red transnacional, utilizando contactos en diferentes países para coordinar la recepción, almacenamiento y distribución de los cargamentos de drogas, fortaleciendo así su alcance internacional.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso sea declarado complejo.
El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz, aplazó la audiencia para el próximo domingo 7 de diciembre.
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