Santo Domingo.- La red desmontada en la operación Cobra pagó un incremento fraudulento en la facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), producto del sobretratamiento de pacientes, como en los casos de personas oncológicas, donde se abultaba el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia, según a solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
De acuerdo con el documento, también se detectaron irregularidades en procesos cardiovasculares mediante la colocación de stents coronarios innecesarios, así como la realización de procedimientos quirúrgicos en la piel, donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroboradas.
La “realización de endoscopías digestivas altas y colonoscopías a pacientes sin riesgos ni sintomatología expresa, y servicios de hemodiálisis facturados a personas fallecidas”, revela el expediente en su página once.
El Ministerio Público explicó que los implicados en el Caso Cobra habrían ejecutado un esquema de corrupción altamente sofisticado que desvió cerca de RD$15,000 millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante sobrefacturación de servicios médicos, alteración financiera y maniobras para manipular los mecanismos de control de la institución.
Estos servicios eran facturados por prestadores vinculados al entramado, quienes coordinaban con funcionarios internos para validar los procedimientos.
Según la solicitud de medida de coerción, la red comenzó a operar en agosto de 2020, tras el nombramiento de Santiago Hazim como director ejecutivo de SeNaSa.
Desde entonces, el funcionario habría estructurado un sistema de corrupción institucionalizada con apoyo de médicos, empresarios, colaboradores cercanos y empleados públicos.
Manipulación interna y desobediencia a los sistemas de control
El expediente del Ministerio Público sostiene que la estructura ignoró advertencias de técnicos internos, quienes alertaron que la manipulación del bordereau y otros sistemas contables podría acarrear sanciones regulatorias graves. Pese a ello, el esquema se mantuvo activo para garantizar el flujo constante de fondos ilícitos.
Parte de los recursos sustraídos fue utilizado para adquirir propiedades y bienes muebles a nombre de testaferros, con el propósito de ocultar la procedencia del dinero y evadir la persecución penal y financiera.
Captación y presión a funcionarios menores
La acusación señala que los líderes del entramado persuadieron a empleados de menor jerarquía para que obedecieran órdenes ilegales, bajo la promesa de recibir beneficios o mantener estabilidad laboral dentro de la institución.
Obstrucción a la investigación
Los imputados habrían intentado frenar el avance de las pesquisas mediante el ocultamiento de información, la alteración de documentos y retrasos injustificados en la entrega de datos requeridos. Estas maniobras, según el Ministerio Público, formaban parte de una estrategia para impedir que se conociera la magnitud del fraude.
Compromisos previos a la designación
La solicitud de coerción indica que, antes de ser nombrado en el cargo, Hazim Albainy recibió vehículos de lujo y otros beneficios de empresarios que posteriormente serían favorecidos dentro del esquema fraudulento. También habría adquirido compromisos económicos que cumpliría una vez asumiera la dirección de SeNaSa.
Afectación al Estado y a miles de afiliados
El Ministerio Público afirma que el entramado no solo generó un "grave daño patrimonial al Estado dominicano", sino que comprometió los derechos fundamentales de miles de afiliados, al desviar fondos cruciales para la atención y cobertura médica de la población más vulnerable.
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Edili Arias
Periodista egresada de la Universidad O&M, apasionada por escribir sobre niñez, salud e historias humanas. Combina su amor por el periodismo con su afición por los deportes. Madre de dos niños, lo que le aporta una perspectiva cercana y sensible en sus reportajes.
