Cuando el reloj marque las 7:30 de la noche de este lunes, se habrá cumplido el plazo fatal. Hasta ese momento tiene el Ministerio Público para depositar la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la presunta estructura de corrupción del caso Cobra, antes de que venzan las 48 horas establecidas por el Código Procesal Penal.
Todo comenzó el sábado en la noche: a las 7:30 p. m., aproximadamente, se ejecutó el primer arresto tras una larga jornada de interrogatorios. Desde ese minuto empezó a correr el reloj procesal que hoy mantiene la atención del país.
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La procuradora adjunta Mirna Ortiz y el procurador adjunto Wilson Camacho, titulares de la Pepca y de la Dirección de Persecución, han encabezado interrogatorios, allanamientos y diligencias en busca de pruebas que permitan sustentar la acusación.
La presión del tiempo forma parte del pulso. Si la solicitud de coerción no es depositada este lunes antes de las 7:30 de la noche, los imputados deberán ser puestos en libertad, tal y como establece el Código Procesal Penal.
La instancia deberá quedar registrada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se prevé que la audiencia sea conocida el martes a las 9:00 de la mañana. En esa sala, el Ministerio Público expondrá lo que describe como un esquema de corrupción sistemático que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los imputados en este expediente son: Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo; y Ada Ledesma Ubiera.
De acuerdo con la investigación, este grupo habría defraudado a la ARS estatal por miles de millones de pesos a través de mecanismos que incluyen pagos irregulares, desvíos de fondos y maniobras contables. Mientras tanto, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con miras a futuras judicializacionesLos cargos preliminares incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura haber recopilado evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas sin sustento legal, usados , según la acusación, para distraer recursos públicos y sostener un entramado de corrupción sostenido desde la dirección ejecutiva de SeNaSa con la participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud.
Mientras la ciudad avanza hacia el final de la tarde, en la Procuraduría todo se mueve con precisión milimétrica. Cada documento, cada firma, cada minuto cuenta. Porque cuando el reloj marque las 7:30, ya no habrá margen de error.
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