Donald Guerrero, exministro de Hacienda.
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazaron para el 1 de junio el conocimiento de los recursos de apelación interpuesto por Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, implicados en el caso Calamar.
Los magistrado tomaron la decisión a los fines de que el Ministerio Público estudie los recursos presentados por los dos imputados y para que se notifique los recursos de apelación a los querellantes y abogados del Estados, para que preparen la contestación del mismo.
Los exministro Guerrero y peralta solicitaron a través de sus abogados la anulación de la resolución que los envían a prisión. Piden que la corte emita una decisión propia o de lo contrario les imponga otra medida de coerción de fácil cumplimiento.
Agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riego Penitenciarios trasladaron a los internos Guerrero y Peralta desde la cárcel de Najayo hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde está la Corte.
A principio de abril, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso 18 meses de prisión como medidas de coerción a los imputados.
Con relación a Guerrero, sus abogados piden la nulidad del arresto emitida en su contra, y que se declare ilegal la medida de coerción de prisión impuesta a su representado por violar la dignidad humana contenida en el artículo 5 de Constitución.
Por lo que, los juristas solicitan que se ordene su libertad, o de lo contrario imponer una medida menos gravosa.
En cambio, los abogados del imputado Peralta, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, solicitan revocar la resolución que envía a prisión a su representado y dictar su propia decisión e imponer una medida de coerción menos gravosa y de fácil cumplimiento.
El Ministerio Público acusa a los imputados en el caso Calamar de asociación de malhechores para cometer desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
