SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, inició hace unos momentos el conocimiento de la medida de coerción a los imputados en el entramado de corrupción denominado operación Calamar, creado para estafar y defalcar al Estado con millones de pesos.
Tras iniciar la audiencia, los abogados de los acusados están pidiendo que se declaren inadmisibles las querellas presentadas por varias entidades privadas.
La magitrada, luego de escuchar las motivaciones de las defensas de los acusados, ponderá si acoge o no la solicitud.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión para los implicados en la supuesta estructura criminal que encabeza Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, y que implica a otras personas.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores para cometer corrupción para estafar y defalcar al Estado con miles de millones para su beneficio en la compra de bienes, una forma de lavar el dinero obtenido de manera irregular.
El pasado domingo la magistrada aplazó para hoy a fin de que los abogados de los imputados estudiaran una nueva querella interpuesta por entidades privadas con nuevos imputados.
El primer aplazamiento se produjo el pasado martes porque a algunas de las defensas les notificaron una hora antes del conocimiento de la medida, y por el volumen del documento, pidieron tiempo para estudiarlo.
