El jurista, Santiago Rodríguez, abogado del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que su representado no cometió ninguna irregularidad durante el ejercicio de sus funciones públicas y que es inocente de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público en su contra, en el marco del denominado caso Calamar.
El exfuncionario José Ramón Peralta figura como imputado junto a otros exfuncionarios en el entramado de corrupción administrativa investigado por el Ministerio Público, conocido como caso Calamar.
Estos alegatos fueron presentados ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez. Durante la audiencia, la defensa del imputado sostuvo que durante la gestión de Peralta no existieron denuncias, auditorías ni hallazgos oficiales que evidencien irregularidades atribuibles a su actuación como ministro administrativo de la Presidencia.
La barra de la defensa manifestó ante el tribunal que el ejercicio de la función pública de Peralta no estuvo acompañado de beneficios económicos personales, destacando que no se ha demostrado cobro indebido, sobornos ni recepción de dádivas vinculadas a decisiones administrativas.
Asimismo, enfatizaron que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no figura como institución imputada ni investigada dentro del expediente, ni se han presentado informes de órganos de control que señalen procesos irregulares durante ese período.
Los abogados del imputado afirmaron que no se configura una conducta ilícita en el ejercicio de las funciones públicas de Peralta y que la acusación carece de respaldo institucional y probatorio suficiente para sostener imputaciones penales en su contra.
Indicaron que expusieron elementos contundentes que demuestran la falta de rigor probatorio, subrayando que, tras el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados a Peralta, no se aportó una sola evidencia digital, mensaje o registro que lo vincule con las imputaciones del Ministerio Público.
El equipo legal señaló que se enfocó en desarticular una acusación que califican como manipulada y carente de hechos precisos, afirmando que se sustenta exclusivamente en testimonios de delatores interesados sin corroboración independiente.
Según la defensa, el proceso ignora que no existen registros de actuaciones ilícitas en el Ministerio Administrativo de la Presidencia bajo la gestión de Peralta, y que incluso los montos presentados por la fiscalía presentan inconsistencias que, a su juicio, desmontan por completo la acusación.
“En el caso contra Peralta, la acusación no identifica ningún acto administrativo admitido, emitido o realizado por el señor José Ramón Peralta en ocasión, condición o calidad de ministro administrativo de la Presidencia”, expresaron los abogados.
La barra de defensa está integrada por los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena y Emely Rodríguez.
La magistrada del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, sigue conociendo el caso.
En el expediente del caso Calamar también figuran los exministros Donald Guerrero; Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, todos acusados de corrupción administrativa.
Según el órgano acusador, los implicados en el caso Calamar habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de recibir presuntos sobornos destinados a financiar la campaña electoral del año 2020.
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