Casi tres años, Ley 35-24

Frederich Bergés
Frederich E. Bergés

Hace casi tres años escribíamos sobre la recién promulgada Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, saludando su llegada como un paso valiente que reclamábamos desde hacía más de una década. Toca hacer un nuevo balance.

La norma fija un techo al crecimiento del gasto primario de 3 % más la inflación esperada, con la meta de que la deuda del Gobierno central no supere el 40 % del PIB. A diferencia del criterio clásico, donde la magnitud del gasto definía el endeudamiento, ahora los ingresos disponibles deben determinar cuánto puede crecer el gasto.

La ejecución de 2026 luce alentadora: al cierre del primer semestre el resultado primario alcanzó RD$70,720.6 millones, muy por encima de los RD$43,681.9 millones presupuestados para todo el año. Sin embargo, el déficit fiscal ascendió a RD$116,101.4 millones (1.3 % del PIB), por el peso de los intereses de la deuda (2.2 % del PIB). Ahí está el punto ciego: la regla controla el gasto primario, pero deja fuera el déficit total, mientras la deuda pública consolidada, que ronda el 59.5 % del PIB, sigue una trayectoria que la ley no logra anclar.

Este año llegó además la reforma fiscal pendiente. El Congreso aprobó de urgencia y el Ejecutivo promulgó en junio la Ley 30-26, que eleva el ISR corporativo a 27 %: 30 % transitorio para grandes empresas, para sumar unos RD$50,000 millones al presupuesto. Su rápido trámite revivió un viejo debate, pues mientras se aprobaban nuevos ingresos la nómina pública seguía creciendo.

El desafío electoral aún no se ha probado, pues las próximas elecciones serán en 2028; el antecedente histórico (25 % en 2008 y 2012, 14 % en 2016, 19 % en 2019) sigue como advertencia para 2027. Tampoco se ha resuelto la debilidad del régimen de sanciones del Título 6: sigue sin existir un ente independiente que las imponga. La controversia por el aumento salarial que los miembros de la Cámara de Cuentas se otorgaron, revertido tras la reacción social, no ayuda a despejar esa duda.

Seguimos saludando el paso dado con la Ley 35-24. Su sostenibilidad dependerá de corregir sus vacíos, empezando por el déficit total y de que la disciplina sobreviva al ciclo electoral que se aproxima.