Santo Domingo.-Las casas comunitarias de Justicia han atendido a 229,292 personas, de las cuales el 52 y 48 por ciento corresponden a situaciones sufridas por mujeres y hombres durante los diez años que tienen de actividad en diferentes partes del país.
En este periodo la generalidad de las quejas recibidas guarda relación con manutención de hijos, herencias familiares y conflictos relativos a linderos de propiedades.
Así lo indicó José Ceballos, director ejecutivo de las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ), al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio junto a Samuel Arias, consejero del Poder Judicial; José Aníbal Carela, procurador fiscal de Espaillat, y Ruth Henríquez, directora de Gestión del Programa.
También estuvieron Rosy Colón, directora de la Casa Comunitaria de Justicia de Cienfuegos, de la provincia de Santiago, y Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
Funcionalidad
La entidad opera en aquellos lugares marginados donde existen altos índices de violencia, como los casos de Santiago, La Vega, Mao, San Francisco de Macorís y el Distrito Nacional, lo que ha facilitado y propiciado el consenso del 62 % de los casos atendidos. Empero, un 12 % se queda sin lograr un pacto.
Motivos de centros
Ceballos detalló que esos centros forman parte de una iniciativa de Participación Ciudadana para contribuir a enfrentar el déficit de acceso a la Justicia que sufrían los ciudadanos.
Fortalecer sistema
De acuerdo a la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, en el país hay que fortalecer el sistema de Justicia ante las persistentes denuncias sobre alegados actos de corrupción en los que estarían implicados miembros del Poder Judicial.
En tal sentido, planteó la necesidad de fortalecer el sistema de consecuencias con la aplicación de un proceso disciplinario y también la Inspectoría Judicial, “no solamente con miras de determinar una falta administrativa del juez, sino también para auditar su accionar”.
“Ciertamente la ciudadanía valora que no hay Justicia, porque vemos que el brazo de la Justicia no llega a personas que tienen ciertos vínculos políticos y económicos, ya sea por la debilidad, por el juez o por el Ministerio Público”, agregó Sosa.
No obstante, enfatizó que no se debe lanzar piedras al sistema de Justicia, porque es necesario que prevalezca la armonía entre los entes de este sector para la búsqueda de soluciones de los conflictos.
“Nosotros somos partidarios de que dentro del sistema judicial exista la mesa de coordinación integral e institucional, porque no solamente hay problemas con los jueces, sino también con el Ministerio Público y la Policía Nacional”, insistió.
En ese sentido, la directora de Participación Ciudadana consideró que desde la sociedad civil hay que exigir al sistema de justicia que se realice un trabajo objetivo y transparente.
“Uno de los grandes cuestionamientos que ha recibido de la sociedad civil el procurador general de la República, Francisco Dominguez Brito, es no recurrir en casación el caso de del senador por la provincia San Juan, Félix Bautista”, adujo la directora de Participación Ciudadana.
