México está de luto y exige justicia. Regreso a casa después de dos meses de ausencia y encuentro un país horrorizado por los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, los pasados 26 y 27 de septiembre. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ha quebrantado la paz interna
. El pueblo está indignado por la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas de inseguridad que azotan al país.
Los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre México.
Estos últimos años no han sido buenos para la justicia mexicana. Hubo matanzas y atropellos en Tlatelolco y Tierra Blanca; levantamiento zapatista en Chiapas; malos tratos a los inmigrantes centroamericanos en tránsito de sur a norte en búsqueda del ¨sueño americano¨, y asesinatos y raptos en Acteal, Ciudad Juárez, y otras ciudades del norte del país.
Entre ellos, la muerte de 72 hondureños en San Fernando, Tamaulipas y de 22 civiles acribillados por 7 elementos del Ejercito en Tlayala, estado de México, a 80 kilómetros del Distrito Federal. Y,ahora la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
El Gobierno ha sido, hasta ahora incapaz de controlar la violencia que padece la sociedad mexicana.
México ha acudido a las Naciones Unidas y ha acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un esquema de asistencia técnica para garantizar la transparencia en las investigaciones sobre el caso de Iguala.
A lo cual contestamos: bienvenidos. Pero la solución al problema no es asunto de la Comisión, sino del Estado y el Gobierno mexicanos. Y recordamos que cuando despertó el ¨México bronco” hubo una Revolución.
