Santo Domingo.- El Gobierno dominicano llevó este jueves a la Procuraduría un caso sobre supuestas irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas ocurrido en 2019, cuando el excandidato presidencial Gonzalo Castillo era titular de esa entidad.
Al depositar el expediente, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que se violaron “de manera olímpica” todos los principios y procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones en este caso, que se refiere a la adquisición de 200 millones de dólares en asfalto sin mediar licitación.
Las compras, que beneficiaron a 38 empresas, se realizaron en los meses previos a las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las que Gonzalo Castillo ganó la candidatura presidencial.
La denuncia se produce tan solo tres semanas después de que haya asumido la Presidencia Luis Abinader, quien derrotó a Castillo en las elecciones del pasado 5 de julio.
“Este caso tiene indicios que ameritan la intervención del Ministerio Público porque en la investigación de la Dirección de Ética y la Dirección de Contrataciones Públicas estamos convencidos de que de manera olímpica se violaron todos los principios y procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”, aseguró Pimentel al salir de la Procuraduría.
A partir de ahora, agregó el funcionario, la Procuraduría deberá “profundizar en las investigaciones, determinar quién tenía la intención de enriquecerse ilícitamente y quien quería acumular recursos del pueblo dominicano de manera ilícita».
Por su lado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que lo que se procura es “la aplicación de las normas y de la ley para ser más justos, transparentes y éticos” y “consecuencias para el que no actúe bien».
De acuerdo con una investigación realizada por Contrataciones Públicas, Obras Públicas no publicó los requisitos que debían cumplir las empresas contratadas, ni realizó una convocatoria previa como garantía de participación de todos los proveedores de hormigón asfáltico.
La entidad realizó este análisis a petición de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) a raíz de las revelaciones de un reportaje de un programa de televisión.
