Santo Domingo.- Abogados denunciaron que los tribunales no están siendo debidamente notificados sobre los traslados de privados de libertad desde distintos recintos penitenciarios hacia el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, situación que ha provocado la suspensión y el aplazamiento de audiencias judiciales.
Según explicaron, en muchos casos los tribunales desconocen en qué centro penitenciario se encuentran los imputados, debido a que las notificaciones continúan enviándose a cárceles donde ya no cumplen prisión preventiva ni condena.
El director nacional de la Defensoría Pública (DNDP), Rodolfo Valentín, confirmó que estas quejas también han sido recibidas por defensores públicos en varias provincias del país. Indicó que el problema radica en que los tribunales solicitan la comparecencia de los privados de libertad a los centros que figuran en sus registros, aun cuando estos ya han sido trasladados a Las Parras.
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Valentín informó que el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, se encuentra organizando el proceso de traslados desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia Las Parras, con el objetivo de evitar mayores inconvenientes al sistema judicial.
“En este proceso debe existir una estructura clara y un equipo de trabajo organizado, de manera que los traslados no dificulten la labor de los tribunales al momento de solicitar a los privados de libertad”, explicó.
Detalló que ha remitido a Santana un listado de audiencias que fueron suspendidas debido a errores en la ubicación de los imputados, ya que algunos se encuentran en centros como San Luis, pero están siendo requeridos en Las Parras, lo que genera confusión y retrasos en los procesos.
Falta de expedientes complica ubicación de internos
El director de la Defensoría Pública señaló como uno de los principales problemas la falta de expedientes completos en los centros penitenciarios, ya que muchos directores de cárceles no cuentan con archivos actualizados de cada privado de libertad.
“Eso dificulta enormemente saber dónde están los imputados. Si no hay expedientes, el control de los traslados se vuelve prácticamente imposible”, advirtió.
Indicó que este sistema de expedientes será implementado por Roberto Santana como parte de una supervisión más estricta de los traslados y del perfil de los internos que están siendo movilizados entre centros.
Uso de Las Parras y sobrepoblación carcelaria
Valentín recordó que el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras fue concebido inicialmente para albergar privados de libertad condenados. Sin embargo, explicó que de los casi 6,000 internos que alberga La Victoria, solo unos 2,000 cuentan con condenas definitivas, mientras que más del 63 % de la población penitenciaria a nivel nacional se encuentra en prisión preventiva.
Ante este escenario, consideró necesario reprogramar el uso de Las Parras para incluir también a internos preventivos, así como trasladar privados de libertad provenientes de centros como el 15 de Azua, San Pedro de Macorís, Santiago y otras jurisdicciones.
Destacó que, debido a su capacidad estimada para albergar hasta 8,400 internos, Las Parras no debería enfrentar problemas de sobrepoblación o hacinamiento, ya que la entrada y salida constante de privados de libertad —producto de absoluciones, autos de no ha lugar y libertades— permitiría mantener el equilibrio poblacional.
Creación del Ministerio de Justicia
Al referirse a la creación del Ministerio de Justicia, Valentín afirmó que el principal reto será la correcta administración, dirección y gerencia del sistema penitenciario nacional.
Explicó que, tras la promulgación de la ley, habrá un período de un año para la estructuración del nuevo ministerio, el cual asumirá de forma automática la administración de las cárceles del país. Indicó que se contempla la instalación de cinco viceministerios y que la sede podría estar ubicada en el antiguo Hotel Cervantes.
Asimismo, aclaró que la creación del Ministerio de Justicia no debilitará al Ministerio Público y reiteró su desacuerdo con que las cárceles sean administradas por fiscales o cuerpos policiales.
“No es posible que quien persigue y acusa a una persona también administre el lugar donde está privada de libertad. Eso genera violaciones a derechos fundamentales”, sostuvo, al tiempo que rechazó la presencia de policías y militares en la administración penitenciaria.
Finalmente, señaló que el proceso de transición avanza y que el Ministerio de Justicia podría iniciar formalmente sus funciones en 2027, una vez concluido el período de reorganización institucional
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