Cancillería: Informe de la CIDH muestra versión subjetiva y parcial acerca de la realidad de RD

SANTO DOMINGO.- La Cancillería de la República Dominicana manifestó su disconformidad y desagrado con el informe vertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, por considerar que muestra una versión subjetiva, parcial y unilateral acerca de la realidad del país.

Asimismo, en un comunicado, la Cancillería reiteró su compromiso con el respeto de la dignidad humana, así como con los derechos fundamentales y derechos adquiridos de los afectados por la decisión emitida por el Tribunal Constitucional.

Recordó una vez más que el gobierno está actuando con apego al orden constitucional del país y, por tanto, acata lo estipulado por el Tribunal.

No obstante agradeció la mención que la CIDH realiza en torno a los avances logrados en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos en el país. Sin embargo, lamentó el escaso reconocimiento y relevancia que la Comisión otorga a los esfuerzos realizados por el gobierno para alcanzar una solución justa y legal a la situación planteada por dicha sentencia.

Entiende, además, que poner en marcha el Plan de Regularización es también una forma de reconocer y garantizar derechos a toda la población residente en nuestro país.

"Se cumple, así, el objetivo de dotar al país de una regulación migratoria moderna, transparente y funcional, para los extranjeros en situación migratoria irregular. Esto permitirá, tanto ejercer la soberanía nacional, como dar protección legal a los extranjeros en territorio dominicano, independientemente de su país de origen", sostuvo.

Agregó que aAdicionalmente, y con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos los individuos en el país, el gobierno trabaja en medidas adicionales, como la creación de un proyecto de Ley de Naturalización Especial.

"Queremos también señalar que, si bien es cierto que en el país puedan registrarse manifestaciones de racismo e intolerancia, estas son siempre expresiones de particulares y en ningún caso reflejan posiciones compartidas por ninguna de las instituciones representativas dominicanas, ni por la mayoría de su población. Esta situación, si bien no es deseable, no es, en todo caso, diferente a la que se vive en cualquier país del mundo que tenga una sociedad plural y democrática, en la que incluso las posiciones más críticas tienen derecho a expresarse", precisa el comunicado de la Cancillería.

Asimismo, reafirmó que cualquier víctima de abuso o discriminación cuenta con los mecanismos legales a su disposición para denunciar cualquier hecho de este tipo y con el apoyo de nuestro Estado de Derecho.

En lo relativo a la situación de marginalidad y pobreza en la que se encontrarían muchos migrantes en la República Dominicana, La Cancillería señaló que, lamentablemente, es una situación compartida con miles de ciudadanos dominicanos que aún viven en condiciones de pobreza.

"Esto no ha impedido, sin embargo, que nuestro país extienda solidariamente servicios como los de salud pública o educación a más de medio millón de migrantes", expresó.

En este contexto, resaltó que el Gobierno de la República Dominicana ha puesto en marcha un programa de gobierno cuyos ejes centrales son el combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Programa que beneficia por igual a todos los habitantes del territorio, independientemente de su origen.

Recordó que desde que se conoció la sentencia 168-13, el presidente Danilo Medina y su equipo de gobierno han tomado numerosas disposiciones para buscar soluciones y proteger los derechos adquiridos de los afectados.

Entre dichas medidas destacó que el Mandatario estudió el asunto con el presidente de la Junta Central Electoral, órgano constitucional que tiene a su cargo la Administración del Registro Civil en República Dominicana, a quien solicitó agilizar las tareas que le encomendó la sentencia del Tribunal Constitucional en lo que respecta a identificar las personas alcanzadas por la sentencia, a fin de facilitar los trabajos del Consejo Nacional de Migración para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Asimismo convocó y presidió una reunión del Consejo Nacional de Migración, iniciándose formalmente los trabajos para la elaboración del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Además, conformó una comisión de alto nivel para que expresara directamente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su voluntad de garantizar el respeto de la dignidad humana de los afectados con la decisión jurisdiccional.

Igualmente Medina instruyó a los ministros de Educación, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Salud y Trabajo, a disponer, en favor de los afectados, las medidas administrativas necesarias que les permitan continuar accediendo a los servicios básicos de sus respectivas competencias.

" Y, finalmente, a menos de dos meses de que se conociera la sentencia, ha puesto en marcha en tiempo récord el proceso de regularización y planteará asimismo otras medidas adicionales que permitirán llevar una solución coherente, justa y apegada a los derechos humanos a todas las personas afectadas por la misma", señaló.

Añadió que "no podemos evitar, por tanto, cierta decepción por lo que consideramos una visión parcial de la realidad que vive nuestro país por parte de la comisión, así como un escaso reconocimiento de los esfuerzos del Gobierno Dominicano por encontrar soluciones y garantizar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas que habitan en nuestro territorio".

La Cancillería reiteró, además, su firme voluntad de seguir trabajando, dentro del cumplimiento del régimen constitucional dominicano, para que la sentencia no altere el compromiso del país y de su Gobierno con el más estricto respeto por los derechos humanos y adquiridos de todas las personas que habitan en nuestro territorio.