Antonio Rodrigue, embajador haitiano ante la ONU y el canciller dominicano, Roberto Álvarez.
NACIONES UNIDAS.-El canciller dominicano Roberto Álvarez no le dejó la cancha sola a los que ayer intentaron aprovechar el escenario del Consejo de Seguridad para presionar por una suspensión de las repatriaciones de inmigrantes ilegales haitianos y aprovechó el escenario para decirles que este país no es responsable de la crisis que vive Haití y que sin embargo es el que mayor peso carga.
“El Gobierno dominicano no puede atender el insensato llamado a detener las repatriaciones”, manifestó Álvarez en respuesta de un planteamiento que hiciera el embajador permanente de Haití en las Naciones Unidas para que se le exigiera a República Dominicana suspender ese proceso.
El Gobierno haitiano denunció lo que calificó como “deportaciones masivas” de haitianos desde la República Dominicana y señaló “que no son sólo violaciones de derechos fundamentales, sino además contrarias a las leyes internacionales”, según su embajador ante la ONU, Antonio Rodrigue, ante el Consejo de Seguridad.
El Consejo celebraba una de sus sesiones trimestrales sobre Haití, que sirvió una vez más para constatar la lentitud del proceso político de transición en el país y el deterioro de la seguridad, pero en esa ocasión sirvió de escenario para un rifirrafe diplomático entre haitianos y dominicanos.
En el primer semestre del año, según la Dirección General de Migración de República Dominicana, se deportó a sus países a 67,844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66,227).
Pero la cifra aumentó exponencialmente en octubre- en los veinte días transcurridos, se ha deportado a 27,352 personas al país vecino.
El embajador Rodrigue llegó a pedir “solidaridad internacional para poner fin a lo que calificó como graves violaciones a los derechos humanos que, según él, azuzan la tensión e impiden las relaciones pacíficas entre las dos naciones”, tras asegurar que las deportaciones son contrarias a los acuerdos firmados entre los dos países.
Al embajador haitiano le respondió el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en términos no menos contundentes. “Mi gobierno no puede aceptar este llamado insensato a parar las repatriaciones, que equivaldría a una frontera abierta y que fomentaría aún más la migración irregular a mi país. Eso nunca lo vamos a permitir”, zanjó.
Y abundó en la idea de que la República Dominicana no ha causado los problemas de Haití- “La crisis rampante en Haití es responsabilidad de Haití, agravada por la falta de apoyo de la comunidad internacional.
Los dominicanos nunca fuimos la causa de sus problemas humanitarios, económicos o de seguridad, pese a que seguimos teniendo que lidiar con esta crisis durante décadas, casi en solitario”, refirió.
La crisis en Haití no ha cedido desde que las bandas criminales empezaron a implantar terror en parte del territorio, donde imperan sus normas.
Decisión
—1— Criticas
Varios funcionarios del gobierno haitiano se han expresado en contra de República Dominicana por aplicar política migratoria.
—2— Derechos
El gobierno dominicano ha reiterado que tiene derecho a deportar.
“Hay límites”, advierte el canciller
Carga. La República Dominicana ha optado por estar presente al nivel ministerial en las últimas sesiones del Consejo de Seguridad dedicadas a Haití precisamente para llamar la atención a la carga que debe asumir como único país con frontera terrestre con Haití, con los consiguientes flujos migratorios que no cesan por la crisis casi crónica del país.
Álvarez ejemplificó con cifras la presión de la inmigración vecina- según él, 147,000 niños haitianos ocupan un pupitre en las escuelas del país, y el 16 % de beneficiarios del sistema público de salud son haitianos. “Hay límites”, concluyó.
En el primer semestre del año, según la Dirección General de Migración, se deportó a sus países a 67,844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66,227).
Pero la cifra aumentó exponencialmente en octubre. En los veinte días transcurridos, se han deportado a 27,352 personas al país vecino.
El gobierno ha prometido deportar 10,000 ilegales por semana.
