Venezuela.- Los trabajadores de una zona industrial permanecieron escondidos durante horas en baños y armarios hasta que cesaron los disparos.
El último de cuatro asaltantes, un hombre ligeramente fornido que llevaba botas amarillas de caucho, se rindió en la azotea y gritó: “íCristo salva!”.
La policía lo subió a un camión y comenzó a retirarse. Sin embargo, los testigos observaron desconcertados cómo el vehículo regresó.
En un vídeo que grabó en secreto un testigo ese día lluvioso de principios de agosto se ve a un grupo de policías que conducen al hombre a un callejón con paredes de concreto en el que tres compañeros del detenido yacían muertos.
Los policías lo sujetaban para que no escapara y después le dispararon a quemarropa.
En el vídeo no se ve el momento de la muerte de los otros supuestos ladrones, pero dos testigos dijeron a The Associated Press que antes, en la mañana, los agentes tenían a los tres hombres colocados en hilera frente a una pared mientras les apuntaban al pecho con pistolas.
Las ejecuciones suscitaron nuevas preocupaciones en torno a una iniciativa de lucha contra la delincuencia emprendida a mediados de este año con el objetivo de recuperar el control de vecindarios dominados por grupos delictivos.
El programa puesto en marcha en julio ha generado la muerte de más de 80 supuestos delincuentes en el último mes y medio, según un conteo de la AP basado en comunicados oficiales entregados a la prensa.
Las autoridades no han informado de muertos ni heridos entre la policía durante las operaciones efectuadas sin previo aviso.
Grupos defensores de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo ejecuciones sumarias.
Sin embargo, muchos en el país también afirman que el gobierno hace lo correcto al asumir una postura más militarizada en la lucha contra la delincuencia.
La mayoría de los venezolanos apoyan la política de mano dura.
Y son los pobres los que más desean un aumento del ejercicio de la fuerza, según diversas encuestas nacionales, aun cuando la mayoría de ellos sean quienes queden atrapados en el fuego cruzado.
En el caso de los cuatro asesinados, las autoridades habían dicho inicialmente que los hombres murieron durante un enfrentamiento a tiros que se desató cuando la policía los sorprendió robando un taller en la ciudad de Maracay, cercana a Caracas.
Sin embargo, cuando el video fue filtrado al periódico en español El Nuevo Herald, con sede en Miami, ocho agentes fueron arrestados y acusados de homicidio.
La AP no ha logrado verificar independientemente la autenticidad del video, pero testigos corroboraron su contenido, y las autoridades actuaron de inmediato tras su difusión, al parecer en reacción ante lo que revelaban las imágenes.
El presidente Nicolás Maduro no se ha referido al caso.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, desechó a principios de mes las quejas de grupos defensores de los derechos humanos sobre ejecuciones relacionadas con la policía, al afirmar que grupos opositores pretendían apuntarse puntos al socavar un enfoque efectivo.
Las autoridades estatales que supervisan la iniciativa de lucha contra la delincuencia no respondieron a las llamadas ni correos electrónicos de la AP para que hicieran declaraciones sobre el particular.
Días después de que la difusión del video suscitara una indignación generalizada, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, ordenó el arresto de los agentes. Maracay se encuentra en Aragua.
Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del mundo después de Honduras, según Naciones Unidas.
Prácticamente nadie ha escapado a la violencia, y una cultura de impunidad significa que la mayoría de los homicidios quedan sin resolver.
Aunque la policía por lo general reconoce cuando mata a alguien, a menudo se desconoce si los hechos fueron en defensa propia.
En 2008 el gobierno dejó de difundir estadísticas sobre los homicidios relacionados con la policía.
Sin embargo, la organización sin fines de lucro Comité de Familiares de Víctimas de Abusos contó 1.018 casos en 2014, un incremento de 25% en comparación con 2013.
Esa cifra más que duplica el número de personas que la policía informó haber matado el año pasado en Estados Unidos, que tiene una población 10 veces mayor a la de Venezuela.
El Comité Contra la Tortura de la ONU ha exhortado al gobierno del país a que investigue los homicidios relacionados con la policía.
El vecindario de almacenes y casas sencillas que tienen poca altura en el que murieron los cuatro ladrones fue el escenario de la primera campaña de pacificación de gran escala, apenas una de las decenas de operaciones efectuadas de acuerdo con la iniciativa de lucha contra la delincuencia.
En mayo, unos 2.000 agentes irrumpieron para recuperar una comisaría abandonada y dieron muerte a 10 personas en dos días, según informaciones locales de prensa.
Una operación similar efectuada en julio en Caracas resultó en la muerte de 14 supuestos delincuentes y el arresto de centenares de personas.
Según analistas locales, al parecer el gobierno pretende con su más reciente iniciativa captar apoyo con vistas a los comicios de diciembre, la primera vez que la oposición parece estar posicionada para lograr una victoria electoral en 15 años.
Sin embargo, las ejecuciones policiales ya venían aumentando, según el profesor de criminología Andrés Antillano, de la Universidad Central de Venezuela.
Dijo que la policía dio muerte a 20 personas en el último año y medio en el barrio pobre en Caracas que él ha estudiado.
Las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad son un problema persistente en América del Sur.
En Colombia, numerosos soldados fueron encarcelados por la muerte de unos 3.000 civiles a los que catalogaron como rebeldes hace una década para elevar la cuenta de cadáveres durante el conflicto armado en el país. La policía brasileña mata a diario un promedio de cinco personas.
Y en Venezuela, donde la tasa delictiva está fuera de control, han aumentado los ataques de los delincuentes contra policías y cuando menos un agente muere a diario, a menudo para quitarle el arma.
A principios de año, una cámara de seguridad captó cuando un joven le dispara por la espalda a un supervisor de la policía estatal cuando éste pedía un desayuno en una panadería en una pequeña localidad cercana a Caracas a fin de robarle el arma.
El joven, de 18 años, fue capturado después y muerto por la policía. Los policías venezolanos reconocen que temen salir de sus comisarías, y a principios de año efectuaron una marcha en demanda de mayor protección y castigos más severos para los delincuentes.
Marion Conoropo, ex agente en Maracay y prima de Humberto Conoropo, uno de los agentes acusados de las ejecuciones del cinco de agosto, dijo que los policías no reciben una paga justa y carecen de la protección adecuada, pero se les presiona para que presenten resultados.
“Hay que entender que hay mucha presión. Lo único que entienden aquí es la mano dura”, agregó.
El mismo día que el video de Maracay fue filtrado al periódico del sur de Florida, hombres atacaron con armas automáticas una estación de policía cercana al lugar donde ocurrieron las ejecuciones.
Los agresores mataron a un agente e hirieron a dos en el ataque en lo que numerosas personas del lugar creen fue un acto de represalia.
Las marcas de los impactos de las balas continúan en las paredes blancas de la estación de policía, donde los restos de un camión de la policía cuyos vidrios fueron destruidos por los disparos obstruyen la entrada.
Los trabajadores en la zona industrial fueron renuentes a condenar las ejecuciones de los cuatro supuestos asaltantes, aun cuando tuvieron que limpiar los manchones de sangre que quedaron sobre el cemento y la pintura alrededor de los huecos que dejaron las balas más o menos a la altura del pecho.
Dijeron que los asaltantes los han robado durante años a pesar de las cercas eléctricas, las cámaras de vigilancia y los pagos semanales que le hacen a una pandilla delictiva y a la policía para que los protejan.
