¿Cambiar el nombre del Ministerio de Interior y Policía mejorará la seguridad ciudadana?

Mientras en el Congreso Nacional se conoce una iniciativa para cambiar la denominación del Ministerio de Interior y Policía por Ministerio de Seguridad Ciudadana, una reciente encuesta de Horizon Research coloca sobre la mesa una realidad que debería ser el punto de partida de cualquier transformación institucional: la delincuencia y la inseguridad continúan entre las principales preocupaciones de los dominicanos.

La discusión sobre la propuesta de modificar la denominación del Ministerio de Interior y Policía por la de Ministerio de Seguridad Ciudadana constituye una oportunidad para examinar un asunto de mayor profundidad: la naturaleza, las competencias y el modelo institucional mediante el cual el Estado dominicano organiza la política de seguridad.

Entendemos que el debate no debería concentrarse exclusivamente en la nomenclatura de la institución. En la administración pública, el nombre de un organismo adquiere sentido cuando expresa con precisión su misión, sus atribuciones, su ámbito de autoridad y su responsabilidad dentro del sistema institucional.

La reflexión anterior adquiere especial relevancia a la luz de los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública de Horizon Research, correspondiente a agosto de 2026. El estudio se realizó a partir de 1,200 entrevistas, con cobertura nacional, un nivel de confianza de 96 % y un margen de error estimado de ±3 puntos porcentuales.

Entre sus principales hallazgos, el 47.3 % de los entrevistados identifica la delincuencia y la inseguridad entre los tres problemas que más afectan actualmente a los dominicanos, ocupando el segundo lugar después del alto costo de la vida, señalado por un 58.6 %.

Este resultado, consistente con mediciones anteriores que presentan un escenario similar, tiene particular importancia desde la perspectiva de las políticas públicas. La seguridad no puede evaluarse exclusivamente mediante indicadores administrativos o estadísticas semanales. También debe considerarse la percepción de la población, porque esta influye directamente en la calidad de vida, el uso del espacio público, las relaciones comunitarias, la confianza institucional y la de los organismos de seguridad.

Estos datos constituyen una señal relevante sobre la percepción social de la situación del país y sobre las expectativas ciudadanas frente a la capacidad de respuesta del Estado.

En ese contexto, la pregunta de fondo no es si el cambio de nombre puede resultar simbólicamente atractivo, sino si estará acompañado de una redefinición real de competencias, capacidades institucionales y mecanismos de coordinación que permitan responder a las demandas de seguridad de la población.

Esto nos devuelve a la valoración inicial: ¿cambiar el nombre del ministerio por Ministerio de Seguridad Ciudadana mejorará la realidad de inseguridad existente y la percepción de los ciudadanos?

¿Han identificado realmente los promotores de esta iniciativa qué abarca la seguridad ciudadana y en qué se diferencia de la seguridad pública? Desde el punto de vista conceptual, resulta necesario distinguir ambos enfoques.

Si finalmente los congresistas deciden modificar la denominación del ministerio, entendemos que el concepto de seguridad pública ofrece un alcance institucional más amplio. Comprende, entre otras dimensiones, el mantenimiento del orden público, la prevención y el control del delito, la coordinación de los organismos policiales, la regulación de determinadas actividades vinculadas a la seguridad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad dentro del territorio.

Si el Ministerio de Interior y Policía pretende transformarse en un Ministerio de Seguridad Ciudadana, la reforma debería establecer con precisión cuáles serán sus competencias en materia de formulación de políticas públicas, coordinación policial, prevención del delito, convivencia ciudadana, control de armas, orden público y articulación territorial.

Una reforma seria debería incorporar planificación estratégica, delimitación de competencias, coordinación interinstitucional, evaluación periódica de resultados, sistemas confiables de información y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Por eso, la discusión institucional no debería comenzar preguntándonos cómo debe llamarse el ministerio, sino qué tipo de ministerio necesita el país para responder de manera efectiva a los desafíos contemporáneos de seguridad.