Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de República Dominicana recomendó en un informe a la Junta Central Electoral (JCE) pagar a la empresa española Indra los 13,9 millones de dólares que le adeuda por los equipos informáticos que suministró para las elecciones de 2016.
El informe, aprobado por el pleno de la Cámara de Cuentas el pasado martes 28 de noviembre y divulgado hoy en su página web, señala que le corresponde al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, “realizar las gestiones de recursos necesarias para que se efectúe el cumplimiento del cronograma de pagos del contrato».
La Junta Central Electoral informó el pasado 14 de noviembre que recibió un requerimiento de pago de Indra por importe de 13,9 millones de dólares, pero señaló que esperaría el informe de la Cámara de Cuentas para decidir sobre esta deuda, tras divulgarse un informe del departamento técnico de la JCE que cuestiona el desempeño de los equipos y recomienda que no se utilicen en futuros procesos electorales.
En su informe, la Cámara de Cuentas señala que la investigación practicada pone de manifiesto que la JCE recibió los equipos suministrados por Indra sin “realizar ningún tipo de observaciones o reparos relativos a la calidad y operatividad de los equipos adquiridos al momento de su recepción y de las pruebas posteriores realizadas a la operatividad de los mismos».
El informe legal también dice que los principales funcionarios de la Junta Central Electoral actuaron “dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos».
El pasado 31 de enero, la Junta Central Electoral pidió a la Cámara de Cuentas que hiciese una investigación especial sobre este contrato de suministro, por valor de 35,2 millones de dólares de los que ya pagó 21,3 millones de dólares, en relación con la contratación, adquisición y compra de escáneres.
El pleno de la JCE también ha conformado una comisión de asesores informáticos, integrada por representantes de instituciones académicas y empresas privadas, para que elabore recomendaciones respecto al uso que pudiera darse en el futuro a los equipos adquiridos por la Junta Central Electoral, según informó en un comunicado el pasado 1 de diciembre.
