SANTO DOMINGO.- El Centro Juan XXIII pidió ayer a la Cámara de Diputados indagar la razón por la que algunos de los integrantes de la Cámara de Cuentas se opusieron a firmar un convenio que pretendía intervenir en la crisis administrativa.
La entidad declaró que desde el primer indicio del conflicto, fueron llamados a armonizar y procurar el entendimiento logrando la firma de un acuerdo entre tres de los cinco miembros que integran la Cámara de Cuentas.
Los firmantes del acuerdo fueron: Janel Ramírez, Mario Fernández y Elsa Peña, pero esta última se retiró tras la firma.
Aseguraron ser testigos de que los dos primeros citados, “han mantenido desde el primer día una postura coherente, respaldada con pruebas y evidencias, a favor de la transparencia y la institucionalidad del ente colegiado”.
Resaltaron que el resto, ha sido ambivalente o empleado su mayoría mecánica para actuar y tomar decisiones cuestionables y reñidas con la ley.
Insistieron en que el grupo ha arropado todo su accionar con el velo del secretismo impuesto por la anterior dirección de la Cámara de Cuentas, “el cual tomó la decisión inconstitucional de clasificar como confidencial todas las actas y grabaciones de las reuniones del Pleno”.
El CJXXIII dijo rechazar dicho proceder y pidió que quienes han sido responsables de que el convenio no se ejecute sean evaluados en proporción al daño causado a la nación.
Entre las fallas citadas por el CJ-XXIII figura la oposición a reestructurar el personal técnico que opera en la entidad.
— Tranque
A pesar de los llamados a intervenir, en la Cámara de Diputados hay un eventual tranque en lograr la decisión mayoritaria de aprobar la realización de un juicio político como si de postergar el problema se tratara.
