Edilí Arias 
Santo Domingo.- Yajaira Brito Encarnación y su esposo, Ramón David Hernández se asociaron para la robar identidad y falsificar los datos de los fenecidos Danilo Siprian Leiva, Marcos A. Martínez Paulino, José López Rodríguez, Juan De Jesús Pérez Mojica, Ramón Cott Trujillo, Manuel Altagracia Pérez Mojica y Virgilio Valera para estafar al Estado Dominicano con RD$553,160,000.00.
Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en la operación Calamar, los esposos se unieron para constituir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas declaradas de utilidad pública ubicadas en la franja malecón.
Las empresas fueron la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A y El Algodonal C. por A., ¨falsificando y haciendo uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era la legítima propietaria de las parcelas reclamadas en pago por expropiación¨.
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El documento explica además, que los más de 500 millones de pesos fueron cedieron más de 408 millones a la estructura criminal utilizada por el imputado Donald Guerrero, para adueñarse de parte del dinero que desde el Ministerio de Hacienda era pagado por concepto de expropiación.
¨El imputado Ramón David Hernández en asociación de malhechores con su esposa, la imputada Yahaira Brito Encarnación o Yahaira Brito Evangelista, el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda Aristy y otras personas que están siendo objeto de investigación, con el único fin de suplantar la personería jurídica de las sociedades El Algodonal C. por A., y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A., en fecha siete (7) de marzo del año 2017 constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., con la cual usurpó los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del DC 2, del Distrito Nacional, las hoy víctimas, razones sociales El Algodonal C. por A., y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A¨, cita el documento de la medida de coerción.
Explica además, que el entramado corrupto compuesto por el imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, y Princesa Alexandra García Medina, así como el señor Rafael Gómez Medina, contando con la colusión del Coordinador del Plan Nacional de Titulación de Bienes Nacionales, el agrimensor Oscar Ortiz, fabricaron un informe técnico donde falsamente se alega que las parcelas núm. 214-B, 74-C y 142-C, del Distrito Catastral núm. 2, Distrito Nacional, se encontraban afectadas por la Ley 305, la cual identifican como Decreto núm. 305, de fecha veintitrés (23) de mayo del año 1968.
