Burocracia impide la titulación de 52 mil viviendas sociales

Burocracia impide la titulación de 52 mil viviendas sociales

Burocracia impide la titulación de 52 mil viviendas sociales

José Dantés Díaz

SANTO DOMINGO.-La meta de titular masivamente los terrenos y viviendas del Estado, propuesta por el presidente Danilo Medina durante la campaña de su primera gestión, no fue cuantificada de manera real y los obstáculos legales, financieros e institucionales hacen imposible cumplir ese plan.

A la fecha, más de 52 mil viviendas sociales construidas por el Estado, desde el año 1966 hasta 2010, carecen de título de propiedad.

La gran mayoría de esos proyectos sociales fueron levantados en terrenos privados, por lo que el Gobierno tendría que declarar esas tierras de utilidad pública y gastar cerca de medio presupuesto nacional para pagar a los dueños originales e iniciar los trámites de titulación.

José Dantés Díaz, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), explicó que hasta mediar el pago por esas propiedades no se producirá la transferencia del derecho de los dueños al Gobierno para iniciar los trámites de titulación.

Advirtió, sin embargo, que falta mucho para lograr esa meta, porque todavía hoy trabajan en la separación de los proyectos para determinar si fueron construidos en propiedad pública o privada.

Un desorden total

Al participar como invitado a los Coloquios de EL DÍA, el funcionario aclaró que aunque la CPTTE se ocupa en la legalización de las viviendas construidas en tierras del Estado, regular el estatus de esas posesiones ha sido obstruido por la burocracia institucional y la falta de registro de las entidades involucradas en el proceso.11/06/2018 ELDIA_LUNES_110618_ Nacionales19

Dijo que al iniciar el trabajo para cumplir con la misión para la que fue creada la Comisión, descubrió que el Instituto Agrario Dominicano, el Consejo Estatal del Azúcar, Bienes Nacionales, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Instituto Nacional de la Vivienda desconocían su situación en términos de titulación, porque los datos que manejan datan del año 2010. Para subsanar eso la Comisión está estructurando un manual para esas instituciones.

“Los que están en propiedad privada, lamentablemente, no vamos a poder hacer nada hasta que el Estado no indemnice a los dueños de esos terreno; por eso no tenemos forma en estos momentos de cuantificar cuántos son. Ahora puedo garantizar que tan pronto eso salga, tendremos decenas de proyectos que desde ya vamos trabajando”, afirmó Dantés.

En propiedad privada

Entre los asentamientos humanos creados de manera espontánea o por el Estado en propiedad privada están el ensanche Espaillat, Luperón, José Contreras, Honduras, San Carlos y Pedro Livio Cedeño, entre otros.

Dantés puso como ejemplo los trámites que realizan en el sector Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, levantado en una parcela del Instituto Agrario Dominicano, pero al ser un asentamiento humano tuvieron que transferirlo a Bienes Nacionales para que el Poder Judicial apruebe los títulos de propiedad.

Informó que más de 14 mil familias de esa comunidad tendrán su título definitivo, los que puedan deberán pagarlo al Estado.

Trabajo rápido

José Dantés Díaz afirma con orgullo que si se compara con otras épocas, este gobierno trabaja con “bastante rapidez” la emisión de títulos del Estado.

Adelantó que a principios de 2019 el Gobierno iniciará la entrega de títulos de apartamentos.

Informó que aunque la CPTTE fue creada en 2012, fue en 2014 cuando inició formalmente a implementar los procesos de titulación definitiva.

Dijo que hasta finales de 2016 la Comisión tituló a más de 23 mil nuevos inmuebles, entre parcelas y solares de viviendas en 22 municipios de 14 provincias del país.

Asimismo, deslindó más de 83 millones de metros cuadrados, equivalentes a 132 mil tareas de tierra, e impactando a más de 45 mil personas con derechos de propiedad sobre inmuebles legalizados y registrados. 100 Mil pesos

Le ahorra el Estado a las familias en los trámites de titulación que realiza la Comisión Permanente.