Frederich E. Bergés
El país, y en especial su vertiente económica sociopolítico recibe el fin de año con la agradable de noticia de que la principal agencia de calificación de riesgo país, Standard & Poors, elevó la calificación dominicana de ‘-BB’, a ‘BB’. Esto significa una apreciación de parte de la calificadora de que ha mejorado la percepción de riesgo del país en el cumplimento de sus obligaciones financieras internacionales.
Una noticia de esta naturaleza es una gran diferenciación con respecto a la mayoría de los países de Centro y Sur América, que enfrentan serias amenazas políticas, inflacionarias y de orden social. Sin dudas la resiliencia de nuestra economía frente a las amenazas que representó la pandemia del Covid, y las consecuencias globales de la confrontación en Ucrania han sido factores fundamentales para la mejoría registrada.
Este resultado positivo se debe en gran medida a la astucia política del presidente Abinader y la dupleta del ministro de Hacienda, Jochi Vicente y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez, quienes han sabido trabajar en unísono en procura de la mayor estabilidad macroeconómica posible.
Así se refleja en el esperado crecimiento económico del 2022 del 5 % del producto bruto interno (PIB), el repunte del turismo y las remesas, el control de la magnitud del déficit fiscal y el comportamiento de las zonas francas.
Esta mejoría ha de representar también buenas nuevas para el ciudadano común ya que se espera no habrá mayores aumentos significativos en las tasas de interés de sus deudas, un acceso continuo a nuevos créditos, una mayor estabilidad en los precios e inversiones continuas que habrán de crear nuevos empleos y darle estabilidad a los actuales.
Quedan aún muchos retos en el 2023 como la mejoría en la educación básica, secundaria y universitaria, la inmigración ilegal y la mafiosa, la seguridad ciudadana y un populismo político descontrolado. Pero la mayor de todos será poder mantener el avance logrado en la calificación de riesgo del país.
