En la discursiva anticorrupción el sector empresarial ocupa posiciones relevantes gracias a su gran incidencia mediática y social. No olvidemos que son los empresarios los llamados a crear empleos de calidad y generar las riquezas con la cual se genera el bienestar material de una sociedad.
La corrupción lo afecta todo, incluso el clima de negocios. El sector empresarial tiene sobre sí una responsabilidad mayor en el compromiso, con el respeto a las leyes, a la moral y a la ética en el quehacer social.
Muchos de los amables lectores habrán escuchado decir que las palabras convencen pero que los ejemplos arrastran.
Aprovecho para recordar eso en estos momentos en que desde el sector empresarial surgen conflictos, en el que algunas de las partes pudieran verse tentadas a usar prácticas corruptas para comprar voluntades u opiniones
No evadiré nombres.
Sería un buen ejemplo que lo referente a la responsabilidad de la tragedia de la explosión de la industria de plástico de Villas Agrícolas se determine por una investigación realizada por técnicos, conforme a peritajes profesionales, donde ni un centavo se mueva para cambiar la realidad.
Se pronostican diferendos entre Polyplas y Propagas por el tema de la responsabilidad inicial, muy importante para lo de la cobertura de los seguros.
El ejemplo social se dará cuando se compruebe que eso se hizo de manera profesional, sin tener que comprar a nadie.
Otro conflicto que viene sonando es el de la Cervecería Nacional Dominicana y ProCompetencia por la resolución en la que se sanciona a la primera por la acusación de uso indebido de su posición dominante en el mercado.
Esa decisión implica muchos, pero muchos millones de pesos para la Cervecería. Se enviará un buen mensaje sobre respeto a la institucionalidad si ese pleito se queda en la esfera jurisdiccional y que cualquier decisión sea sobre la base del derecho.
Me he arriesgado a mencionar nombres porque tengo la esperanza de que esos conflictos se diriman sin que ninguno de los representantes del sector privado se meta la mano en los bolsillos para pagos indebidos en busca de torcer la razón y que los representantes del sector público actúen conforme al derecho y al interés nacional.
