RIO DE JANEIRO. — Una jueza del Tribunal Superior brasileño rechazó el martes una moción para permitir al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva asumir un puesto en el gabinete, un nombramiento que haría más difícil procesarlo, mientras que la policía hizo varias detenciones en un escándalo de corrupción que amenaza con derribar a Lula y decenas de otros políticos importantes.
La jueza Rosa Weber denegó las mociones del gobierno para revocar una decisión de la semana pasada de otro juez del Tribunal Superior, quien impidió a Lula convertirse en el jefe de gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
La decisión de la semana anterior también transfirió la investigación contra Lula de vuelta a un tribunal inferior que ha dirigido la misma. No se espera una decisión final sobre si Lula puede asumir su rol hasta que el Tribunal Superior en pleno se reúna de nuevo la siguiente semana.
No hay sesiones programadas esta semana debido a las vacaciones de pascua.
En tanto, la policía se dirigió a una de las empresas de construcción más grandes del hemisferio como parte de una investigación centrada en el presunto pago de sobornos en el gigante petrolero estatal Petrobras.
Las autoridades brasileñas llevaron a cabo allanamientos y detenciones en todo el país vinculados con la enorme empresa constructora Odebrecht, una de las compañías en el centro del escándalo de Petrobras.
Los investigadores acusan que la corrupción era tan profunda en la empresa brasileña, que tenía un departamento específico que se encargaba del pago de sobornos.
Los fiscales dijeron que habían detenido a unas 15 personas, incluidos directivos de la empresa, como parte del operativo “Autolavado”.
Los fiscales han dicho que se pagaron sobornos por valor superior a 2.000 millones de dólares para obtener contratos con Petrobras, y que parte de los fondos llegó tanto al gobernante Partido de los Trabajadores como a partidos de oposición.
Algunas de las personas más ricas de Brasil están implicadas en la investigación, junto con decenas de políticos tanto oficialistas como opositores.
El expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue condenado este mes a más de 19 años de prisión por su participación en los hechos, pero el operativo del martes amplía los alcances de la investigación en la empresa constructora, una de las más grandes que participan en la infraestructura para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Lula también está bajo escrutinio. La policía fue a su casa a inicios de este mes y lo llevó a un interrogatorio. No ha sido acusado y ha negado repetidamente cualquier irregularidad.
Los críticos sostienen que el nombramiento de Lula fue un intento de protegerlo, ya que sólo el Tribunal Superior puede autorizar investigaciones, acusaciones o detenciones de los ministros del gabinete.
Rousseff ha refutado eso, y dice que su mentor ayudaría a construir apoyo legislativo para su agenda y ayudaría en la lucha contra un juicio político por acusaciones de que ella violó regulaciones fiscales.
Odebrecht ha negado insistentemente que haya cometido cualquier irregularidad, pero el martes emitió un breve comunicado en el que dijo que estaba cooperando con la investigación.
Los fiscales dijeron en conferencia de prensa que el llamado “sector de operaciones estructuradas” de Odebrecht era responsable del pago de sobornos y siguió funcionando a pesar de las investigaciones en Petrobras iniciadas hace dos años.
Odebrecht “realmente tenía un sector que organizaba, hacía la contabilidad, tenía una jerarquía y un mandato para el pago de sobornos”, dijo el fiscal federal Carlos Fernando dos Santos Lima, y añadió que se investigaban proyectos federales y estatales.
Se sospecha que Odebrecht efectuó pagos para proyectos como el aeropuerto de la ciudad de Goiania, la extensión del metro de Río y la Arena Corinthians de Sao Paulo, donde se jugó el partido inaugural de la Copa del Mundo de fútbol 2014, según las determinaciones judiciales sobre las cuales se basaron los allanamientos y arrestos.
El documento también mencionó proyectos en Portugal, Angola y Emiratos Árabes Unidos, pero no dijo sus nombres. Los investigadores estudian un posible pago de 500 millones de reales (138.000 millones de dólares) relacionados con el club de fútbol.
La funcionaria policial Renata Rodrigues calificó la estructura de sobornos de la empresa de “profesional e institucionalizada”, y sostuvo que Marcelo Odebrecht aparentemente siguió participando de manera directa en ella incluso después de su arresto en junio de 2015.
“Había un procedimiento a seguir para esos pagos en paralelo”, dijo Rodrigues, y añadió que los empleados implicados en la estructura enviaban correos electrónicos a sus jefes con pedidos de autorización para pagar sobornos.
Laura Goncalves Tessler, de la procuraduría local, dijo que los que trabajaban en el sector de sobornos eran empleados con antigüedad y “muy bien pagados”.
Al iniciarse la investigación, la empresa trató de proteger a los empleados con ofertas de puestos en el exterior.
