Periodista Luis García
Lo menos que esperan los gobernados es la puesta en escena de una buena gestión de gobierno que planifique adecuadamente, a fin de optimizar los recursos humanos, económicos y tecnológicos disponibles para alcanzar el objetivo de llevar bienestar colectivo a la población.
Este aspiracional cobra aún más pertinencia si se trata de un país pobre, como la República Dominicana, donde la reducción de la pobreza y la desigualdad social constituyen un desafío permanente, dada sus limitaciones en la producción de las riquezas para distribuirla entre los diferentes segmentos sociales.
Esta es una de las razones por la que duele en la profundidad del alma cuando se produce una inadecuada gestión de los escasos recursos económicos del Estado, abriendo el paso al despilfarro y la corrupción.
Uno de esos casos lo grafica el ejemplo de mala práctica de gestión del Bono Navideño, iniciativa oficial cuyo objetivo consiste en una ayuda de RD$1,500.00 destinada a familias de los quintiles más pobres del país.
La opinión pública ha sido testigo de cómo se evidencia la falta de planificación y de control de una medida que, bien organizada y dirigida, puede contribuir, aunque sea mínimamente, a mitigar las penurias económicas de uno o dos días de un par de millones de hogares dominicanos durante este mes en que se celebra la época navideña.
Las fallas van desde la selección de los beneficiarios hasta la forma de distribución de las tarjetas contentivas de los recursos provenientes de las arcas nacionales.
La reacción a las críticas ha sido también vergonzosa, especialmente de la responsable del Programa Supérate, Gloria Reyes, que en vez de actuar con humildad ha respondido con ironía ante la mala gestión de sus responsabilidades. Esto le costó el reproche de su propia compañera de agrupación política, la senadora Ginnette Bournigal.
Mientras que el secretario general del partido Opción Democrática (OD), Miguel Alejandro Martínez, ha solicitado la destitución del coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, debido a lo que llamó distribución “descontrolada” de bonos navideños, acción que considera una burla a la dignidad de las personas.
La práctica de la gestión gubernamental que encabeza el presidente Luis Abinader ante situaciones de esta naturaleza ha sido el reduccionismo político, estableciendo que se trata de denuncias sin fundamento de parte de la oposición, obviando toda posibilidad a sanciones a los responsables de su ejecución o los correctivos correspondientes.
La mayoría absoluta con que cuenta el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional impide que puedan ser interpelados en el Senado de la República o la Cámara de Diputados aquellos funcionarios que incurran en malas prácticas, reduciendo la facultad de fiscalización y control de los referidos órganos legislativos.
Una sociedad en la que sus instituciones no juegan el rol asignado por la Constitución de la República y las leyes, jamás avanzará en términos de democracia y de progreso material y espiritual.
La verdad es que, ante las evidencias de mala gestión de los recursos del erario manifiestas en el Bono Navideño, el jefe del Estado, en su rol de autoridad máxima de la Administración Pública, debería proceder a la destitución de los titulares de las estructuras que componen el Gabinete de Política Social.
El hecho de reducirlo a reclamos de la oposición política incentivará las malas prácticas de gestión gubernamental.
El país demanda de buenas prácticas en la gestión de gobierno, como condición indispensable para no continuar el camino del retroceso iniciado hace un cuatrienio en los ámbitos económico y social.
