Hugo López Morrobel
El derecho a la propiedad privada está consagrado en la Constitución dominicana desde la aparición de la República Dominicana, por lo que toda persona puede usufructuar y disponer de ella, contando siempre con la protección del Estado, y deja claramente establecido que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, si no es en virtud de un juicio que cumpla todas las formalidades básicas del procedimiento.
La pregunta que me vengo haciendo desde hace un tiempo, es si el Estado no tiene la prerrogativa de declarar de utilidad pública, una propiedad privada, por qué no la adquiere, siempre que la pague en su justo valor, si se tiene la seguridad de que producirá resultados positivos para la sociedad.
Este es el caso de una estación de combustible (bomba), ubicada en la avenida Quinto Centenario, la cual desde hace tiempo es considerada el principal obstáculo para que las autoridades se apresten a rescatar el histórico estadio de La Normal, que daría acceso seguro a miles de niños y jóvenes que practican el béisbol en diversos sectores populares de la parte alta del Distrito Nacional.
No se puede continuar barajando y posponiendo el arreglo de esa importante estructura, por la existencia de esa estación gasolinera.
Si se realiza una justa negociación con el propietario, hace tiempo que el rescate de La Normal se hubiese logrado, porque no creo que sea tan obtuso y necio para oponerse.
“Cuando se quiere se puede”, y si las autoridades del Gobierno Central y de la Alcaldía del Distrito Nacional se lo proponen, ese es un caso que podría quedar resuelto en poco tiempo.
La alcaldesa Carolina Mejía debe apretar el acelerador en ese caso, porque la reparación de La Normal fue una promesa de campaña que realizó desde su primer mandato.
