Jair Bolsonaro
Sao Paulo.- El futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, anunció hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no fue invitado a la investidura del presidente electo Jair Bolsonaro el 1 de enero en Brasilia “por respeto al pueblo” de la nación caribeña.
“Por respeto al pueblo venezolano, no invitamos a Nicolás Maduro para la investidura del PR (presidente electo) Bolsonaro. No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña”, dijo Araújo en sus redes sociales.
El próximo jefe de la diplomacia brasileña instó además a que “todos los países del mundo” dejen de apoyar a Maduro y se unan “para liberar a Venezuela”, sin ofrecer mayores detalles.
El comentario de Araújo se produce días después de que Maduro implicase a Bolsonaro en un supuesto plan orquestado por Estados Unidos con objeto asesinarlo y poner fin a la revolución bolivariana, a raíz de una reunión del gobernante electo con el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton.
En ese encuentro, que se produjo a finales de noviembre en Río de Janeiro, Bolsonaro, líder de la emergente extrema derecha en Brasil, y Bolton debatieron, entre otros asuntos, “medidas” para hacer frente a la crisis en Venezuela, aunque no se especificaron cuáles.
“Tenemos que buscar soluciones para Venezuela. Hay que tomar medidas”, señaló entonces Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y anticomunista declarado. El mandatario electo remarcó que harán lo posible para resolver la crisis en el vecino país por “las vías legales y pacíficas”, pues sienten “el reflejo de la dictadura instalada en Venezuela».
En otra ocasión, Bolsonaro descartó apoyar una intervención militar en el vecino país y reiteró que “Brasil siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los problemas».
Ello no ha evitado que Maduro denunciara el miércoles la existencia de un supuesto “complot desde la Casa Blanca” para asesinarlo y el cual estaría ya “en desarrollo” con la complicidad, también, del Gobierno colombiano.
Además de Bolsonaro y de su futuro ministro de Relaciones Exteriores, quienes se declaran admiradores del mandatario estadounidense, Donald Trump, el vicepresidente electo brasileño y general en la reserva Hamilton Mourao se ha manifestado sobre la situación de Venezuela.
En una reciente entrevista publicada por el diario Folha de Sao Paulo, Mourao afirmó que el “régimen” de Nicolás Maduro “caerá por sí solo” y mostró su temor a una posible “guerra civil violenta” en ese país.
Por otro lado, en el escenario nacional, Bolsonaro tuvo que salir hoy al paso de una entrevista dada por uno de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, a ‘O Globo’, en la que defendió “la posibilidad de pena de muerte para traficantes de drogas, a ejemplo de lo que ocurre en Indonesia, y para autores de crímenes atroces».
“Además de tratarse de una cláusula pétrea (imposible de alterar) de la Constitución, nunca formó parte de mi campaña. Asunto cerrado antes de que se convierta en el revuelo” del día, señaló el mandatario electo en redes sociales.
Eduardo de Bolsonaro comentó que es posible convocar un referéndum para preguntar a los brasileños sobre esa cuestión, a pesar del veto recogido en la Carta Magna. “Sé que es una cláusula pétrea de la Constitución, artículo 5, etc… Sin embargo, existen excepciones.
Una es para el desertor en caso de guerra. ¿Por qué no colocar otra excepción para crímenes atroces?”, se preguntó el hijo del presidente electo. Bolsonaro también se reunió hoy con los futuros ministros de Minas y Energía, el almirante Bento Costa Lima Leite de Albunqueque; y de Agricultura, Tereza Cristina Correa, para analizar “el potencial de explotación de reservas de potasio, calcio y magnesio en regiones” de Brasil.
A pesar de tener “las mayores reservas”, “dependemos de materia prima importada para producir fertilizantes”, expresó en redes sociales, su principal medio de comunicación con los brasileños. El gobernante electo ya hizo pública su intención de impulsar el agronegocio y acabar con la “industria de la multa” desarrollada, a su juicio, por los organismos medioambientales.
