El expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada. Foto de archivo.
LA PAZ, Bolivia. – Una misión de fiscales de Bolivia viajará en julio a Estados Unidos para entregar al Departamento de Justicia de ese país una segunda solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de una represión militar a civiles que dejó más de 60 muertos en 2003.
Una comisión, encabezada por el fiscal general, «va a viajar a Washington el próximo 7 de julio para presentar de manera formal esta solicitud de extradición al departamento de Justicia de los Estados Unidos», anunció el fiscal Ramiro Guerrero en rueda de prensa.
La justicia boliviana pidió en 2007 la extradición de Sánchez de Lozada para juzgarlo por delitos de lesa humanidad, pero la solicitud fue denegada por Washington en septiembre de 2012 aduciendo un mal planteo del proceso.
La justicia boliviana demanda también la extradición de los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, y Jorge Berindoague, de Hidrocarburos, prominentes miembros del gabinete de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
El ex gobernante está acusado por la muerte a balazos de más de 60 civiles registrada en El Alto el 17 de octubre de 2003 durante protestas contra su gobierno.
La revuelta se desató en El Alto, vecina de La Paz, en reacción ante planes oficiales para exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos, país con el que Bolivia tiene un histórico enfrentamiento por la pérdida de su costa marítima en una guerra hace más de un siglo.
Sánchez de Lozada dimitió durante la grave crisis y huyó a Estados Unidos junto a sus exministros.
El Departamento de Justicia de EEUU «tiene que hacer el análisis correspondiente de la admisión para, posteriormente, remitir el pedido a un juez» en su propio territorio, explicó Guerrero.
En otra causa llevada por los familiares de las víctimas, un juez de Florida dio luz verde en mayo para que avance una demanda en Estados Unidos contra el exmandatario y sus colaboradores, por violación de derechos humanos contra el ex mandatario y sus colaboradores, bajo una ley estadounidense de protección a las víctimas de tortura.
La demanda fue interpuesta por ocho bolivianos residentes en Estados Unidos, familiares de personas fallecidas durante la represión.
